Los votos del PPdeG en comisión parlamentaria han rechazado este viernes pedir al Gobierno que los sobres de los juzgados de violencia de género no lleven el membrete específico, a fin de garantizar la "discreción" tanto a las víctimas como a los testigos, e incluso a los hombres que puedan ser acusados en falso.

Así lo ha defendido la diputada socialista Patricia Vilán, y ha recibido el apoyo del resto de la oposición. Juan Merlo (En Marea) ha considerado "recomendable" eliminar toda "etiqueta" que pueda acarrear un "estigma" y Luís Bará (BNG) ha hecho hincapié en la necesaria protección del derecho a la "intimidad" y a la "confidencialidad".

Por parte de los populares, Paula Prado se ha mostrado conforme con dotar de "mayor discreción" a las notificaciones judiciales, pero ha defendido que el órgano que debe ser advertido de ello no es el Gobierno, sino el Observatorio contra la violencia doméstica y de género.

En esta entidad están representados tanto el propio Ejecutivo -a través de los ministerios de Justicia, Sanidad e Interior-, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las comunidades con competencias en Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores.

No es, por tanto, como ha señalado Patricia Vilán, un órgano "ejecutivo", de modo que ha defendido que ha de ser el Ministerio de Justicia quien realice el cambio en los sobres. Con todo, en aras a llegar a un acuerdo, ha ofrecido incluir en su texto que también fuese notificado el Observatorio, algo que Paula Prado no aceptó.

DAÑOS DE LOS TEMPORALES

La misma suerte ha corrido una proposición no de ley impulsada por Luís Bará para pedir a la Xunta una evaluación de los daños producidos por los últimos temporales, así como que sancione a las eléctricas por "el tardío y deficiente operativo de respuesta" para minimizar los efectos de los cortes de servicio.

Asimismo, el nacionalista ha reclamado que el Gobierno gallego apruebe ayudas para los ayuntamientos, hogares y empresas que sufrieron pérdidas como consecuencia de esa climatología adversa.

Pese al apoyo de PSdeG y En Marea, el diputado del PPdeG Alberto Pazos Couñago ha recordado que ya se está evaluando la actuación de las eléctricas y que la Xunta no puede asumir lo que corresponde a las aseguradoras. Eso sí, ha sostenido que está "velando" por el interés de los consumidores.

En cuanto a la posibilidad de habilitar fondos para los ayuntamientos, ha indicado que "no se pidieron", como sí ocurrió el año pasado, y ha apuntado que se trata de una labor que corresponde a "las diputaciones".

UNANIMIDAD POR EL SOFTWARE LIBRE

Finalmente, en la misma comisión, se cerró un acuerdo unánime para pedir a la Xunta que "favorezca" que todos los ayuntamientos gallegos posean software libre y que "impulse" iniciativas formativas para que el personal aprenda a usarlo.

Y es que, como ha argumentado Carmen Santos (En Marea) en la defensa de esta proposición no de ley, entre otros "beneficios", este sistema "reduce costes".