El secretario general del Comité Federal de Galicia del Sindicato Unificado de Policía, José Freire López, ha expresado hoy el rechazo de esta organización y de "toda la policía española" al posible indulto de tres vecinos de O Eixo, en Santiago, condenados a penas de prisión por agredir a ocho agentes del cuerpo Nacional de Policía.

Uno de los agentes, Luis Gómez, sufrió tras la "brutal agresión" secuelas físicas graves, tiene una minusvalía del 73 por ciento que le invalida, declaró Freire, para cualquier profesión y oficio y, además, está obligado a medicarse el resto de su vida.

Agresores sin arrepentimiento

Freire declaró que el 20 de abril pasado el Consejo de Ministros no concedió el indulto a los tres condenados por un delito de atentado a la autoridad y de lesiones graves a Simón Márquez, José Moreira y Jesús Montoiro, que deben cumplir penas de 7 años de prisión y hacer frente a una indemnización de 156.000 euros como autores responsables de los hechos.

El SUP se dirigió a principios de mes al propio presidente del Gobierno para que rechace esa medida de gracia porque, además, no ha habido por parte de los condenados, aseguró Freire, ningún tipo de arrepentimiento, al menos en dos de los condenados.

"Sin embargo observamos comportamientos tan mezquinos y ruines", agrega, como el de celebrar una concentración ante el domicilio de la víctima el pasado domingo ante el que "lanzaron octavillas".

El sindicalista recordó que hay sentencias de dos órganos colegiados como la Audiencia Provincial y posteriormente del Supremo que confirmaron la condena y entiende que esa medida de gracia solicitada por los condenados no es posible porque no existe "argumentos jurídicos" para ello.

Aludió también el responsable del SUP de Galicia a comportamientos del PSdeG y del BNG o del propio ayuntamiento de Santiago en favor de los condenados y dijo que no entiende "esos intentos de prostituir" por parte de los partidos e instituciones cuando tienen que auspiciar y velar para que se cumpla el estado de derecho. En este apartado declaró que sólo el PPdeG mantuvo una postura coherente.

"Estan tratando de que no cumplan su pena quienes estuvieron a punto de quitarle la vida a un servidor público. Más que fariseismo lo que me da la impresión es de que nos encontramos en campaña electoral", puntualizó.

Insiste en que el funcionario lesionado formaba parte de un dispositivo de vigilancia y no de represión cuando un grupo de concentrados que demandaban la construcción de un paso subterráneo bajo una carretera, "golpearon al agente con patadas y puñetazos en la cara y en el cuerpo" después de trasladarlo desde el centro de la carretera hasta una cuneta.

Los hechos se registraron el 14 de julio del año 1988 y los tres condenados tienen que ingresar en prisión antes de que finalice este mes de octubre.

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