El fin es adecuar la concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria. El procedimiento se inició de oficio el día siguiente de su publicación y será de aplicación hasta el 30 de julio de 2017.

Dicha regularización se debe a la aplicación de la Disposición Adicional tercera del Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde el día 1 de enero de 2013.

Se prevé que al menos en un diez por ciento de inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias, una estimación que apunta a que dichos propietarios deberán pagar el incremento del IBI correspondiente por dichas alteraciones, han informado a Europa Press desde Impuestalia.

La previsión del Gobierno era que casi toda España se hubiera revisado a mediados de 2017, pero la última publicación en el BOE estima como fecha de finalización para los nuevos municipios propuestos, noviembre de 2017.

Así, una vez finalizado el procedimiento los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia, recibirán las correspondientes notificaciones de las propuestas de regularización.

Al respecto, Carmen Villa, la directora general de Impuestalia, empresa dedicada en exclusiva a la Optimización Impositiva tanto en IBIs y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, se estima que "al menos en el siete por ciento de los inmuebles a los que el Catastro notifique un aumento de IBI por la nueva regularización, podrán existir errores en la nueva valoración".

"El contribuyente debería preocuparse de revisar la valoración propuesta, ya que pueden existir discrepancias con la valoración de la administración que supongan un beneficio y ahorro para el titular del inmueble", ha remarcado.

En términos económicos, el coste por esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, y se destinará a pagar los trámites administrativos que genere esta regularización. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no comunicadas en los años anteriores.