En una resolución remitida a Europa Press, se ha pedido también que se identifiquen el estado de estas instalaciones y su posible nivel de degradación, con planes específicos para su retirada, evaluados conforme a la normativa de salud laboral y prevención de riesgo aplicable en este tipo de intervenciones.

Según señala la Institución, los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León están aceptando esta resolución "de forma unánime" y han mostrado "una especial sensibilidad y compromiso en este tema".

El Procurador del Común inició hace unos meses una actuación de oficio tras las quejas efectuadas por ciudadanos en las que ponían de manifiesto que, en algunas localidades de la Comunidad, aún existen conducciones de agua potable que forman parte del servicio público de abastecimiento y que han sido fabricadas con fibrocemento, por lo que contienen en mayor o menor proporción, fibras de amianto.

Se inició la investigación solicitando información a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, para que indicaran el estado de sus redes y si tenían identificadas aquellas construidas con este material.

En España el uso del amianto fue prohibido por Orden del Ministerio de Presidencia de 7 de diciembre de 2001 por la que se traspuso la Directiva comunitaria que prohibía el uso y comercialización de todo tipo de amianto y de los productos que lo contuvieran, estableciendo, respecto del instalado, que estaría permitida su utilización hasta su eliminación o el final de su vida útil.

El agua se encuentra íntimamente en contacto con diversos tipos y materiales de construcción desde que es captada en el medioambiente hasta su llegada hasta el grifo del consumidor. En función de una gran cantidad de factores, algunas de estas sustancias pueden ser capaces de "migrar" al agua y por ello el RD 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios del agua de consumo humano establece, en su artículo 14, respecto de los productos de construcción en contacto con el agua que "los productos de construcción que estén en contacto con el agua de consumo, por ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al agua de consumo humano sustancias o propiedades que contaminen o empeoren su calidad y supongan un riesgo para la salud de la población".

Añade la Disposición transitoria primera de esta misma norma que antes del 1 de enero de 2012, se han debido llevar a cabo las reformas y adaptaciones necesarias en las redes de distribución pública o privadas y en las instalaciones interiores de edificios públicos y establecimientos con actividad pública o comercial.

INVENTARIO

Por ello, el Procurador del Común cree que resulta necesario inventariar los tramos de la red de abastecimiento que cuentan con tuberías de fibrocemento y su fecha de instalación aproximada. S"ólo de esta manera se puede elaborar un plan de sustitución que atienda a la previsible mayor degradación de los tramos más antiguos y evite las averías", apunta.

Todas las averías en las redes de distribución interrumpen la salubridad de las aguas, pero las roturas causadas en este tipo de materiales pueden liberar en el agua las sustancias tóxicas a las que con reiteración se refiere.

La mayoría de las entidades locales consultadas cuentan con inventario de los tramos de tuberías de fibrocemento instaladas correspondiéndose en la mayor parte de los casos con grandes redes de distribución de agua potable, y en menor medida con los ramales de distribución.

En la mayor parte de las respuestas efectuadas por las administraciones locales consultadas se pone de manifiesto que no se efectúan análisis específicos sobre la degradación de las tuberías en funcionamiento, no obstante algunos Ayuntamientos, como Soria lo consideran "innecesario", puesto que cuentan con un plan de retirada de este tipo de materiales que culminará a corto plazo con la eliminación total del fibrocemento en las redes de distribución, según apuntan las mismas fuentes.

La reiteración en las roturas o averías en zonas concretas de la ciudad puede ser un síntoma que "alerte" sobre la existencia de mayores deterioros en la red que aconsejen la sustitución de la misma, no sólo en el punto concreto en el que se produce la avería sino también en toda la zona de influencia dado que las roturas convierten el fibrocemento en material más desmenuzable y por ello "más peligroso".

El Procurador del Común envió las recomendaciones en un primer momento a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que aceptan estas sugerencias y destacan su intención de conseguir la erradicación total "en poco tiempo".

Posteriormente, se envió a los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las Diputaciones, que se han pronunciado de modo similar, con el compromiso de colaborar con los pequeños consistorios con precariedad de medios para llevar a cabo estas actuaciones y prestarles su auxilio a través de los diferentes Planes Provinciales.