Las Cortes piden que el Estado recupere parte del sector eléctrico público para proteger a los consumidores

  • El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de la Comunidad a exigir al Ejecutivo central la elaboración de un nuevo Plan Energético Nacional acorde con las directrices europeas, que apueste por las energías renovables, reduzca el precio de la energía y contemple un instrumento de gestión que permita al Estado recuperar parte del sector eléctrico público para garantizar la protección de las familias, consumidores y usuarios.
Estufa, calefactor, frío, fuente de calor
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EUROPA PRESS

La iniciativa, defendida por IU y apoyada esta formación y PSOE, Podemos, PAR y CHA, rechazada por el PP, mientras que Ciudadanos se ha abstenido, reclama al Gobierno del Estado la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, así como fijar un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad de uso doméstico.

Igualmente, apuesta por realizar una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa eléctrica, "que nos permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio".

La proposición no de ley manifiesta su preocupación "por el desorbitado aumento del precio de la energía eléctrica y el encarecimiento de los costes en España" y reclama al Gobierno de la Comunidad que defienda los intereses de consumidores, usuarios y familias y que ayude a estas últimas, si tienen necesidad y están afectadas por la subida de la luz. Además, aboga por actualizar el Plan Energético de Aragón 2013-2020.

Finalmente, pide un cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos.

MENSAJE CONTUNDENTE

La diputada de IU Patricia Luquin ha explicado que el objetivo es transmitir "un mensaje contundente de que empezamos a tomar medidas para que la electricidad no acabe convirtiéndose en un lujo", de forma que "mientras empresas se hace multimillonarias las familias no pueden encender la luz", algo que ha calificado de "gran estafa".

Luquin ha argumentado que el sector de la electricidad "es un servicio público" no un negocio y ha aconsejado "mirar los consejos de administración de las empresas de electricidad" para "entender por qué tenemos una de las energías más caras de Europa"·

La diputada del PP Dolores Serrat ha precisado que "la electricidad es un servicio de primera necesidad para todos, ámbito doméstico, empresas e industria, y los vaivenes de los precios nos preocupan a todos", para añadir que "es un bien caro" que está afectado por la composición del mix energético, una decisión "política" condicionada por la facilidad de acceso a las fuentes y de generación y por los compromisos de sostenibilidad ambiental, ha sostenido.

La diputada del PSOE, Leticia Soria, ha defendido la reforma del mercado energético para "blindar a las familias frente a los cortes de luz", alcanzar una tarifa "asequible y progresiva, según los niveles de renta" y fomentar las energías renovables, para apuntar que gracias a las políticas del Gobierno de Aragón se ha evitado el corte del suministro a 7.100 familias.

EL MERCADO NO FUNCIONA

El parlamentario de Podemos Román Sierra ha señalado que "para un usuario medio el precio de la electricidad se ha doblado desde 2006" cuando no ha ocurrido lo mismo con los salarios y "hemos convertido un bien de primera necesidad en un producto de lujo" porque "el mercado eléctrico no funciona" y "nada tiene que ver el precio real con el coste de producción" para apostar por que "el Estado intervenga" y no permita que "cuanto más consumes, menos pagas", promueva el ahorro y garantice el acceso universal.

El parlamentario del Partido Aragonés Jesús Guerrero ha defendido la "sensatez" para "buscar soluciones", como una reducción del IVA ya que actualmente "más del 50 por ciento de la factura son impuestos, un tercio es el consumo" y también se incluyen costes fijos y peajes, que también ha considerado que hay que modificar, al tiempo que ha defendido las interconexiones eléctricas porque contribuyen a bajar el precio, además de asegurar el suministro y potenciar las renovables.

El parlamentario de Ciudadanos Javier Martínez ha reclamado "dejar de lado las ideologías porque lo único que hacen es entorpecer y vienen de todos los bandos" y ha propuesto "liberalizar el sector de verdad", buscar las interconexiones, propiciar el autoconsumo y reducir la carga impositiva, que si se aminorara un seis por ciento "reduciría el gasto medio por familia al año en 400 euros".

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