Un nuevo nombramiento ha causado controversia en Brasil. El presidente Michel Temer propuso este lunes al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Alexandre de Moraes, como nuevo magistrado de la Corte Suprema, una plaza que estaba vacante desde que el juez Teori Zavascki, responsable del caso Petrobras, muriera en un accidente aéreo el pasado 19 de enero.

La polémica llega por varios motivos. Primero porque Moraes optará a sustituir a Zavascki, que era el instructor en el máximo órgano de las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobras.

Aunque el caso está en manos de otro juez, Luiz Edson Fachin, la presencia de Moraes en el Supremo despierta recelo por su cercanía con figuras implicadas en la trama, como el propio Temer.

En segundo lugar, el nombramiento de Moraes ha sido criticado porque, está vinculado al cnservador Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), cuyas principales cabezas también están implicadas en la trama de corrupción.

Así, la decisión de Temer parece ir en dirección opuesta de la anunciada por el propio mandatario, quien había dicho que su candidato a la corte tendría un perfil totalmente "técnico", y el de Moraes es más bien político.

De Moraes, de 49 años, es considerado un jurista de "línea dura", con una línea ideológica claramente volcada hacia la derecha y un carácter a veces explosivo que le ha valido más de una polémica en los cargos públicos que ha ocupado.

La designación de Moraes deberá ser aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y posteriormente por el pleno de esa cámara, en la que hay una docena de investigados por su supuesta participación en la trama de corrupción destapada en la petrolera estatal Petrobras.

En otro trabajo académico, publicado hace 16 años, De Moraes se pronunció en contra de que "personas que ejerzan cargos de confianza en el Gobierno sean propuestos por el presidente como magistrados de la Corte Suprema", lo que fue recordado hoy por sus críticos.

De Moraes también ha sido fiscal del Ministerio Público de Sao Paulo, secretario de Justicia de ese estado y presidente de la hoy extinta Fundación de Bienestar del Menor (Febem) paulista, que regía unos violentos reformatorios que durante años fueron objeto de duras críticas de grupos de derechos humanos.

Después de dejar ese cargo fundó su propio bufete en Sao Paulo, en el que tuvo clientes polémicos, como una empresa de transportes que fue investigada por supuestos vínculos con una banda que impone el terror en las cárceles y estuvo entre los responsables de las 130 muertes ocurridas este año en el sistema penitenciario del país.

También fue abogado de Eduardo Cunha, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, y que en 2016 fue despojado del cargo de presidente de la Cámara Baja y luego de su escaño y enviado a la cárcel por corrupción.

Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha fue el impulsor del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, tras el cual Temer asumió el poder en su entonces condición de vicepresidente.