Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT, junto con la oposición en el Parlamento gallego, han iniciado una ofensiva para tratar de poner freno al proceso de deslocalización de empresas auxiliares de la automoción, y reclaman la implicación de la Xunta para denunciar ante las autoridades europeas la "competencia desleal" del gobierno portugués a la hora de poner a disposición de las empresas "suelo prácticamente regalado" y con enormes ventajas fiscales.

Los representantes de las tres centrales han mantenido este viernes tres reuniones de trabajo con los portavoces de En Marea, BNG y PsdeG-PSOE, a los que han trasladado su preocupación por el incesante goteo de empresas que trasladan su producción (y también los empleos y las inversiones tecnológicas) al norte del país vecino.

Así lo ha apuntado el responsable de Industria de CC.OO., Ramón Sarmiento, quien ha advertido de que la administración debe tomar medidas ante la "agresiva" política del Gobierno portugués a la hora de atraer inversiones y facilitar el asentamiento de empresas en su territorio.

En ese sentido, Sarmiento ha recordado que, desde 2004, 14 nuevas empresas de componentes se han asentado en el norte de Portugal, mientras que la comarca de Vigo y no ha sido capaz de atraer a ninguna. "Este desafío de Portugal amenaza la economía de una comunidad como Galicia", ha apuntado.

Según ha explicado, los sindicatos consideran que la actuación del gobierno luso puede estar quebrantando el marco normativo de la libre competencia y ha asegurado que la Xunta "también lo sabe". Por ello ha instado al gobierno gallego a defender los intereses del sector ante la Comisión de Competencia y aseverado que "lo que procede" es que denuncie la situación, al tiempo que ha advertido de que los sindicatos están dispuestos a llegar a las movilizaciones.

PRECARIZACIÓN LABORAL

El portavoz de CC.OO. ha recalcado que "los grandes ganadores" de este proceso son "las multinacionales y el capital gallego que se ha ido a Portugal", mientras que "los grandes perdedores" son los trabajadores gallegos, que han visto mermadas sus condiciones laborales, "pero también los portugueses", porque la implantación de empresas se está haciendo con costes laborales "del salario mínimo portugués".

Ramón Sarmiento ha recordado que el sector de la automoción en Galicia ha perdido, en los últimos 5 años, "un 30 por ciento del empleo", y ha instado al gobierno autonómico a tomar medidas inmediatas para frenar la deslocalización, pero también "planificar una estrategia a medio y largo plazo para darle una oportunidad de futuro" a esta industria.

En la misma línea se han pronunciado los portavoz de UGT y CIG. Así, Ana Belén Valiño (UGT) ha criticado que la política industrial de la Xunta en los últimos años se haya limitado a las "fotos con barcos o con coches eléctricos", y ha demandado un "plan estratégico" y un "foro de diálogo" de la automoción.

El responsable de Industria del sindicato nacionalista, Xulio Fernández, ha advertido de que este sector está "muriendo", mientras que Galicia sigue sin una "política clara" para atraer empresas y garantizar que las inversiones en I+D+i no se vayan fuera. "Tenemos que decidir si queremos empresas 'low cost' o de valor añadido, y apostar por la formación, porque el reto tecnológico lo tenemos casi perdido", ha lamentado.

GRUPOS POLÍTICOS

Por su parte, los portavoces de los grupos de la oposición han coincidido en señalar que, uno de los principales obstáculos a la implantación de las empresas auxiliares, es la ausencia de políticas industriales y de suelo empresarial a precios competitivos.

Ana Pontón (BNG) ha exigido un "cambio de estrategia" al gobierno de Feijóo que se traduzca en apostar por la innovación, por la cualificación técnica y de los trabajadores, y agilizar la puesta a disposición de suelo y la tramitación administrativa para la implantación de esa industria.

Según ha recordado, en los últimos años se han destruido 2.000 empleos en el sector, mientras que Portugal ha logrado crear 6.000 puestos de trabajo gracias, entre otras cosas, a la ubicación en su territorio de casi una treintena de empresas y plantas de producción (muchas de ellas con su matriz en Galicia).

Luis Villares (En Marea) también ha reclamado un cambio en la actuación de la administración gallega y ha anunciado una ofensiva de iniciativas por parte de su grupo parlamentario para instar a la Xunta a actuar, ya que "el marco nacional gallego tiene competencias suficientes para intervenir en esta situación".

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha reclamado al gobierno autonómico una política industrial "más intensa", con acciones en materia de formación, fórmulas para garantizar que las subvenciones a la I+D+i reviertan en la creación de riqueza en Galicia y una nueva política de suelo empresarial. También ha reclamado, entre otras cuestiones, la creación de una subcomisión parlamentaria para analizar la situación de la industria auxiliar.

El socialista también se ha pronunciado sobre las condiciones que ofrece Portugal para atraer a las empresas de componentes y ha admitido que la actuación del gobierno luso puede "no encajar en el marco de la competencia leal que marca la UE". "Todos los indicios apuntan a que hay una quiebra en los principios de la competencia leal. Si es así, la Xunta debería tener una actitud de exigencia ante la Comisión para que se investigase", ha afirmado.