El COTSG puso el ejemplo de la concejala de Sanidad, Igualdad y Bienestar Social del citado ayuntamiento, Marina Ortega, que declaró públicamente "que no existía ningún expediente abierto por malos tratos en la pareja".

También señaló que la mujer "había tramitado una solicitud de ayuda a domicilio por demencia senil que padecía el hombre", revelando específicamente que "le diagnosticaron demencia senil y estaban en estudio otras posibles causas del cambio de comportamiento".

El COTSG ha advertido de que, en este caso, "el derecho a la información colisiona con el derecho a la dignidad" y "con la legalidad", puesto que la historia clínica de una persona "es un documento privado sometido a reserva legal que sólo puede ser conocido por terceros en caso de que el paciente lo autorice o en los casos que contemple la ley".

A ello ha ligado la necesidad de "proteger el derecho a la intimidad del individuo", teniendo en cuenta "el carácter reservado" de este tipo de documentos.

LLEVA A LA "ESTIGMATIZACIÓN"

La presidenta de la entidad, Marta Capeáns, ha insistido en las "implicaciones de ser un cargo público", que debe, "más que nadie, preservar el celo en casos de personas vulnerables".

"Nadie cuestiona la libre información y expresión de ideas, pero estas están sometidas a límites, aquellos que vulneran otros derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", ha advertido.

En este sentido, ha admitido que "un técnico de servicios sociales tiene que entregar los informes que le requiere, por ejemplo, un concejal, para el uso exclusivo de sus funciones", pero también ha considerado que "esta persona debe ser responsable con el material que tiene entre las manos".

"Desvelar este tipo de informaciones sólo sirve para una mayor estigmatización de este tipo de colectivos", ha criticado, lamentando que se trata de una práctica "más habitual de lo que se piensa".

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