Memoria y Dignidad: "La Ley de la Memoria Histórica no es justa"

  • Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad se suma a los colectivos contrarios a la ley.
  • Creen que no dignifica a las víctimas.
  • Consideran esencial la inclusión de la palabra "ilegal".
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Reloj que guarda como recuerdo el nieto de un fusilado en la Guerra Civil en Soria
Reloj que guarda como recuerdo el nieto de un fusilado en la Guerra Civil en Soria
Cedida por la Asoc. Soriana para el Recuerdo y la Dignidad
Reloj que guarda como recuerdo el nieto de un fusilado en la Guerra Civil en Soria

La Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad rechaza La Ley de la Memoria Históricaque el Congreso debatirá en pleno el próximo 31 de octubre. Los representantes de este colectivo se han unido al resto de organizaciones contrarias para materializar su oposición al documento.

El presidente de esta asociación, Iván Aparicio, dice de la ley que es "malísima y aberrante". Cree insuficientes las modificaciones planteadas por los distintos partidos políticos porque está convencido de que sería necesario "cambiarla totalmente". Asegura que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de la democracia recae en voluntarios como los que participan en las búsquedas de los desaparecidos fusilados durante la Guerra Civil, miembros de asociaciones de recuperación de la memoria u otros foros. Esta ley "no asume la responsabilidad", dice, porque facilitará la búsqueda de los desaparecidos pero no resolverá el problema.

No constituye de ninguna manera una solución justay viable hacia la dignificación de las víctimas

Entienden que a pesar de que este Proyecto de Ley incorpora algunas premisas aceptables "no constituye de ninguna manera una solución justay viable hacia la dignificación de las víctimas, hacia el esclarecimiento de los hechos y hacia la orientación de la Memoria Histórica".

Desde Recuerdo y Dignidad se considera esta futura normativa como "una ley injusta" porque hay impunidad para quienes participaron en el régimen y porque reconoce a los que sufrieron daños en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el uno de enero de 1968 y el seis de octubre del 77 con 150.000 euros; pero no a los que padecieron antes de esa fecha concreta. "Es un agravio comparativo", considera Aparicio.

Para este representante todos los torturados son iguales; pero durante la dictadura ya se crearon 500 leyes que compensaron a los dañados seguidores del régimen.

Aparicio Indica que en otros países legislaciones internacionales como las declaraciones de la ONU ya permitieron juzgar a dictadores como Pinochet o Milosevic. "No anula las condenas de la Guerra Civil y la dictadura como exige la legalidad, como ha pasado en Alemania, Portugal e Italia", señala. "Otros países llevan muchos años pagando" se refirió a que la reparación histórica no se realiza por el coste económico. Creen que esta futura ley se aleja de las normas internacionales de Derechos humanos.

Desde este colectivo denuncian que los partidos políticos hayan jugado a lo largo del documento del Proyecto de Ley con la palabra "ilegítimo" cuando en realidad tendrían que hablar de "ilegal". En este sentido se están refiriendo a actos contra la moral no contra la ley. Lo esencial, cree, es "ilegalizar los tribunales franquistas y reparar a las víctimas".

A la polémica se añade el grave desconocimiento de la historia de quienes nacieron en la democracia. Según el estudio de una universidad alemana 15 millones de españoles jamás han estudiado la historia sobre la Guerra Civil.

Asociación Soriana Para el Recuerdo y la Dignidad se ha sumado así a un numeroso grupo de colectivos, asociaciones y organizaciones como Víctimas del Franquismo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica , Confederación Nacional del Trabajo o Jueces de Pueblo que "muestran su disconformidad y rechazo hacia el Proyecto de una Ley exigida por organizaciones a favor de los Derechos Humanos como Grupo Nizkor o Amnistía Internacional , y organismos internacionales" como el de Desapariciones Forzosas o Involuntarias de las Naciones Unidas o el propio Parlamento Europeo.

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