El Síndic investigará las condiciones laborales de los agentes rurales tras el crimen de Aspa

  • Pedirá información sobre los procedimientos de concesión de licencia de armas, competencia de la Guardia Civil.
  • Ha solicitado datos datos sobre los protocolos de actuación entre los Mossos y el cuerpo de Agentes Rurales.
Carles Puigdemont asiste al funeral de los agentes rurales asesinados en Aspa
Carles Puigdemont asiste al funeral de los agentes rurales asesinados en Aspa
EUROPA PRESS
Carles Puigdemont asiste al funeral de los agentes rurales asesinados en Aspa

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para investigar los hechos relacionados con el trágico suceso ocurrido el sábado 21 de enero en el que un cazador mató a dos agentes rurales en un coto de caza de Aspa (Segrià).

Es por ello que tiene previsto investigar las condiciones laborales y la seguridad del Cos d'Agents Rurals así como pedir información sobre los procedimientos de concesión de licencia de armas, competencia de la Guardia Civil.

El mismo día de los hechos, el Síndic ya dijo a través de Twitter que solicitaría esta información a la Guardia Civil, un tuit que motivó que el coordinador general del PPC pidiese la dimisión de Ribó por ''extralimitarse'' en sus funciones al entender que había insinuado una supuesta responsabilidad del cuerpo policial en los hechos.

Actuación de la Administración

Ante la gravedad de los hechos, el mismo sábado Ribó ya trasladó su pésame a los familiares y personas próximas a las víctimas. Ahora ha contactado con el conseller d'Interior, Jordi Jané, y ha pedido información a la conselleria sobre los protocolos de actuación entre los Mossos d'Esquadra y el Cos d'Agents Rurals.

También investigará las condiciones laborales y la seguridad del cuerpo. En cuanto a la concesión de licencia de armas, competencia de la Guardia Civil, el Síndic también investigará los tipos de permisos de tinencia de armas existentes y los criterios necesarios para solicitarlos.

Rafel Ribó considera que, ante hechos tan graves, se ha de investigar si ha podido haber una actuación irregular por parte de la Administración y, si procede, proponer medidas para evitar, en la medida en que sea posible, que se pueda repetir una situación similar en un futuro.

En este sentido, considera que, como garante de los derechos de las personas – y, por tanto, del cuerpo de funcionarios en el ejercicio de sus funciones –, es responsabilidad suya actuar de oficio en este caso, de acuerdo con las competencias que le otorga el artículo 78 del Estatut.

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