Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios
Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios EUROPA PRESS

"Derecho a la presunción de inocencia y aplicación del mismo criterio que hemos aplicado siempre", ha defendido Rueda antes de participar en el acto en conmemoración del 35º aniversario de la toma de posesión de Gerardo Fernández Albor como presidente de la Xunta.

"Están implicados en un proceso, sin más, en este momento", ha subrayado el también vicepresidente de la Xunta, quien ha precisado que, "en función de la evolución del proceso", su partido tomará las decisiones oportunas. "Como hicimos otras veces", ha apostillado al respecto.

Por el momento, ha defendido, es preciso "reivindicar", al igual que se hace en "todos los casos" y tal y como el PPdeG ha hecho "siempre", la "presunción de inocencia" del alcalde de Valga y de los concejales y exconcejales investigados. "Y de cualquiera que se encuentre en esta situación", ha añadido.

En la providencia con fecha de este jueves 19 de enero, a la que tuvo acceso Europa Press, se cita como investigados para declarar el 29 de marzo el alcalde, José María Bello Maneiro, así como a los concejales populares Román Castro Castromán, Ramona Otero Tanoira, Begoña Piñeiro Busto, Manuel Ferreiro Maneiro, José Ángel Souto Jamardo y Carmen Gómez Pardal.

En total, son siete de los nueve concejales con los que cuenta en la actualidad el PP en el Ayuntamiento -en donde el PP tiene nueve ediles y el PSOE, cuatro-.

Asimismo, cita como investigados para declarar el 5 de abril a los exconcejales del PP en pasadas legislaturas Juan Bautista Potel Calvo y Peregrina Abril Castromán. Ese mismo día también se tomará declaración, en este caso en calidad de testigos, al interventor y al secretario del Ayuntamiento.

Estas citaciones llegan después de la denuncia presentada en verano de 2016 por el grupo municipal socialista por la celebración de unas reuniones por parte del equipo de gobierno popular conocidas como "comisiones de organización", a las que solo asistían ediles el PP que cobraban entre 50 y 60 euros por encuentro, y que se celebraban de forma semanal sin presencia de funcionarios que levantasen acta.

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