Horacio Pavón, abogado defensor del activista, ha informado a Europa Press de que en la primera sesión del juicio comparecieron el propio acusado y, como testigos, un médico que ayudaba como voluntario en el mencionado campamento ilegal, así como una persona sin hogar que participaba de esta acción de protesta, uno de los policías locales que redujeron al activista y el médico forense que habría examinado las lesiones padecidas precisamente por este agente, a cuenta presuntamente del comportamiento de Lagarder Danciu.

Ya este viernes, en la segunda y última sesión, ha comparecido también como testigo otro agente de la Policía Local que participó en el dispositivo correspondiente al desmantelamiento del asentamiento. Y a la hora de las conclusiones definitivas, según Horacio Pavón, la Fiscalía habría rebajado su petición de pena para el activista.

Aunque el Ministerio Público le atribuía en principio "un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones", reclamando para él un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros en favor del agente supuestamente agredido, finalmente habría calificado los hechos como un delito de resistencia a la autoridad y desobediencia grave, demandando una multa de 1.050 euros pero no cárcel, y manteniendo la indemnización para el policía.

La defensa de Lagarder Danciu, de su lado, ha reclamado la libre absolución del acusado, encuadrando su actuación en "una protesta ante una situación injusta", y entendiendo que a lo sumo los hechos serían susceptibles de ser tipificados como sanción administrativa, pero no como delito.

EL DESALOJO DEL CAMPAMENTO "DIGNIDAD"

Sobre los incidentes acontecidos en Sevilla el 21 de octubre de 2015 durante el desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en el paseo de Juan Carlos I, la Fiscalía exponía en un escrito de acusación, recogido por Europa Press, que Lagarder Danciu se habría "opuesto a la actuación" de la Policía Local hispalense, propinando incluso "varias patadas" a uno de los agentes.

En su escrito, la Fiscalía rememora el desmantelamiento de este asentamiento denominado "campamento dignidad" por las personas que allí habitaban, en demanda de un giro en las políticas sociales. Reclamaban, entre otras cosas, "el derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional", según los promotores de la acampada.

El despliegue de la Policía Local para este desalojo, según las hemerotecas, estuvo acompañado de un equipo de los servicios sociales municipales y de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), así como de un dispositivo de limpieza.

"PROBLEMAS DE SEGURIDAD"

El Ayuntamiento defendía la necesidad de desmantelar el asentamiento para prevenir "problemas de seguridad y salubridad", ofreciendo a todos los afectados, un total de 16 personas, alojamiento en el centro municipal de acogida hasta el mes de febrero de 2016. La Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, promotora de esta denominada "acampada dignidad", denunciaba de su lado que los afectados no fueron avisados del desalojo y sólo se les dio "15 minutos" para recoger sus pertenencias.

El asunto es que durante el desalojo, de cualquier modo, fue detenido el conocido activista Lagarder Danciu, quien según la Fiscalía "se opuso a la actuación policial colocándose en el centro de la calzada, con riesgo de ser atropellado por algún vehículo" e incluso habría "propinado varias patadas" a un gente de la Policía Local que intentaba "disuadirle".