El BNG ha reclamado este viernes que el juez que instruye el caso que investiga la tragedia de Angrois cite a declarar a los directivos de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés), que emitió un informe muy crítico con la investigación realizada por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) sobre el descarrilamiento del Alvia en el que fallecieron 80 personas en Santiago.

En rueda de prensa, la líder del BNG, Ana Pontón, y la representante del BNG en Europa, Ana Miranda, se han referido a la semana "muy importante" que afronta las víctimas de Angrois. Así, como ya es conocido, serán recibidas por tercera vez por la Agencia Ferroviaria Europea el 25 de enero.

Una día antes, el 24, expondrán ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sus denuncias contra el Estado español por incumplimiento de la normativa de seguridad y publicidad engañosa.

Ana Miranda ha subrayado que "es muy llamativo" que la Agencia Ferroviaria Europea

sea partidaria de un tercer encuentro con la Plataforma Víctimas Alvia 04155, pues "no quedó satisfecha con el trato que el Estado dio" al dictamen emitido a mediados de 2016, por lo que puede ser una "reunión trascendental".

Sobre esta cuestión, el Bloque demanda que el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, cite a declara a los responsables de la ERA -tal y como demandan las víctimas-, pues "ellos no tienen problema en venir", pero el magistrado "tiene que pedir la comparecencia" porque "puede dar un giro a la investigación".

De tal forma, el BNG reitera la petición de una nueva investigación del accidente por parte de la CIAF, así como que se abran comisiones de investigación parlamentarias en Galicia y Madrid. Según recuerda Miranda, en el informe de la ERA se apuntaba que "la investigación no fue independiente", que no se escuchó a las víctimas y que no se abordaron "las causas profundas", sino que solo "se centra en el maquinista".

PEREGRINAJE A BRUSELAS

En este sentido, Pontón ha tachado de "lamentable" que las víctimas "tengan que seguir peregrinando a Bruselas ante la insensibilidad del Gobierno que no los escucha", si bien espera que la visita de la próxima semana abra una "puerta de esperanza" para "poner fin a la impunidad".

Así, la líder nacionalista ha remarcado que, al igual que el Gobierno "pidió perdón" a las víctimas del Yak-42, "es momento de que ese perdón llegue a las víctimas de Angrois" y "el Estado asuma que tiene una responsabilidad".

Eso implica que "las personas que tomaron decisiones políticas de recortar la seguridad en el tren gallego" deben "pagar por ese error", "porque no es justo que los únicos que pagasen fuesen las víctimas" de "una negligencia".

Además, Pontón censura que el PP y el Gobierno "no tienen el compromiso firme" de acabar al red ferroviaria gallega, porque se sigue "a la espera" de saber la fecha de "cuándo se va a finalizar el AVE".

REUNIÓN CON LA ERA

Así, en la cita del día 25, Jesús Domínguez, Rogelio Bernardo y Teresa Gómez-Limón (miembros de la asociación), acompañados de la representante del BNG en Europa, Ana Miranda -impulsora de esta reunión y de las precedentes-, se volverán a ver las caras con el director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer, y los máximos responsables de seguridad de este ente europeo

El maquinista es ahora el único investigado en la causa, pero durante la investigación judicial, reabierta por la Audiencia Provincial de A Coruña para dilucidar si Adif y Renfe desarrollaron correctamente la evaluación integral de riesgos en la línea Ourense-Santiago, llegaron a estarlo altos cargos del administrador de infraestructuras ferroviarios.

ESPERANZAS EN EUROPA

El informe que sostiene que la investigación de Angrois no fue independiente y faltan "elementos clave" fue trasladado a las víctimas en Bruselas en julio de 2016, después de que en noviembre de 2015 los responsables de la dirección general de transporte de la Comisión Europea (DG Move) y miembros de la agencia ferroviaria se comprometiesen a estudiar su caso.

El descarrilamiento ocurrió el 24 de julio de 2013, hace ahora ya tres años y medio, y los afectados y sus familiares no han cejado en sus demandas desde entonces, con las mayores esperanzas puestas ahora en la actuación de Europa.

De hecho, reivindican que, en parte por su presión, ahora mismo el juez Andrés Lago -segundo instructor, después de Luis Aláez- no descarta hacer caso a su reclamación (coincidente con la del fiscal y la del abogado del maquinista) de pedir un nuevo informe a la Agencia Ferroviaria Europea.

La idea es que sea este órgano especializado el que dictamine sobre el análisis de riesgos en la línea y, en concreto, en la curva de A Grandeira, un punto del tramo Ourense-Santiago en el que el tren debe reducir la velocidad de unos 200 kilómetros por hora a unos 80, y en el que no estaba instalado el sistema de control del frenado 'ERTMS'.

Así las cosas, en este escenario, el martes 24 y el miércoles 25 se presentan como dos nuevas fechas importantes para la resolución del caso por el accidente del Alvia. Apenas dos días después, el 27, acaba el plazo para que los peritos aporten al magistrado nuevos estudios sobre el análisis de riesgo

DÍA 24

El 24 la jornada empezará a las 11,40 horas en la comisión de peticiones de la Eurocámara, adonde llegaron las denuncias de los afectados de la mano del BNG a través del grupo de los Los Verdes/Alianza Libre Europea. Allí empezará tomando la palabra la presidenta de la comisión de peticiones, para dar paso a un miembro de la Comisión Europea -se trata de un órgano de control al Ejecutivo-.

Este miembro será Josef Doppelbauer, a quien seguirán los grupos parlamentarios y, a continuación, diputados libres. Josep Maria Terricabras y Tatiana Zhdanok (ambos de Los Verdes/ALE) defenderán la tesis de que en Angrois hay más responsabilidades por depurar que el error del maquinista, y solicitarán que la Agencia Ferroviaria Europea comparezca en el procedimiento del que se encarga el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

Después ya les tocará hablar a los peticionarios: Jesús Domínguez se ocupará de exponer la denuncia por incumplimiento de la normativa europea de seguridad y Teresa Gómez-Limón hará lo propio con el supuesto delito de publicidad engañosa (la línea se vendió en su día como de alta velocidad pero las víctimas critican que no tenía las prestaciones necesarias para ello, por la ausencia de 'ERTMS', entre otras cuestiones).

Aunque no es habitual su utilización, Doppelbauer podrá entonces volver a intervenir, y ese mismo día se resolverá sobre si las denuncias siguen su curso.