La OCU y Facua han denunciado este jueves, un día antes de que el Gobierno apruebe previsiblemente en Consejo de Ministros el procedimiento extrajudicial para devolver las cuantías de las cláusulas suelo, que los bancos están realizando ofertas a los clientes afectados por las cláusulas suelo en su hipotecas para evitar devolver todo el dinero cobrado de más por estos límites a la caída histórica del Euríbor.

Facua-Consumidores en Acción ha alertado de ofertas "envenenadas". "Era más que previsible que las mismas entidades que engañaron a millones de consumidores con sus hipotecas trampa volverían a intentarlo pese a que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deja claro que los bancos tienen que devolver absolutamente todo lo que cobraron de más", ha reprobado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Sánchez ha subrayado que algunas entidades están proponiendo a algunos clientes que firmen documentos por los que renunciarían a acudir a los tribunales a cambio de recuperar sólo una parte del dinero defraudado. "Incluso hay casos en los que la única oferta es eliminar el suelo sin devolver absolutamente nada", ha denunciado.

Por su parte, la OCU advierte que algunas entidades están ofreciendo a los clientes afectados cambiar el préstamo variable con suelo por un préstamo a tipo fijo. La organización aconseja a los afectados que no acepten este tipo de pactos, en los que se suelen incluir la renuncia a emprender acciones legales, "con la intención de cerrarle la puerta a reclamar las cantidades pagadas de más".

OCU recomienda también no firmar préstamos a tipo variable con un tipo inicial más alto en los primeros años, porque "los tipos seguirán bajos a corto plazo, si bien subirán en el medio y largo plazo". Por ello, aconseja a los que contraten un préstamo a tipo de interés variable que cuenten con un margen de ahorro o de ingresos "suficiente" para afrontar las subidas de cuota que casi "con toda certeza" se producirá a lo largo de la vida del préstamo.

El secretario general de Adicae, Fernando Herrero, ha reclamado por su parte que el Gobierno "establezca garantías para que todos los afectados que tengan cláusulas suelo en su hipoteca lo sepan y tengan la oportunidad de reclamar sus derechos", ha indicado.

Herrero ha apuntado que esta propuesta es "muy fácil" de llevar a cabo, ya que el mecanismo que apruebe el Gobierno "puede imponer a las entidades financieras la remisión de una carta a sus propios clientes" en la que se indique que su hipoteca cuenta con una cláusula suelo y los mecanismos a los que puede acudir para reclamar.

El representante de Adicae ha reiterado que el mecanismo que establezca el Gobierno "no puede ser en ningún caso la negociación del individuo, del consumidor, con el banco", ya que las entidades financieras "llaman negociar a engañar flagrantemente al consumidor, hacerle firmar renuncias a derechos, que por cierto son nulas, y un largo etcétera de abusos". Según ha dicho, el mecanismo "no puede consistir en una negociación entre iguales".

El representante de la asociación ha denunciado que el Gobierno no ha contactado con los consumidores, sino que solamente se ha dirigido a los bancos. "No sabemos si el proyecto que apruebe será un proyecto del Gobierno o será un proyecto de la banca. En este sentido, vamos a estar vigilantes", ha afirmado.

Herrero ha apuntado que "lo que parece que establece" el primer borrador de medidas del Gobierno del último Consejo de Ministros es que si el consumidor ha recibido una oferta y no le ha satisfecho, a la hora de abrir un nuevo pleito si le conceden lo mismo o menos no habrá una condena de costas contra el banco, algo que "en el propio sistema judicial actual ya existe".

El Gobierno también contempla un plazo de tres meses para recuperar las cuantías desde que el cliente contacta con su banco. Un período que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera sin embargo corto porque los bancos "no tienen gente suficiente".

La OCU, por su parte, considera que las entidades financieras, "como partes interesadas", no deben ser las encargadas de realizar el cálculo de las cantidades pagadas de más. "Los consumidores no disponen de conocimientos ni medios para verificar dichos cálculos, por lo que podrían acabar firmando acuerdos sin saber si los cálculos son correctos".