Hablamos de la situación del Sistema Provincial de Bomberos, que se divide actualmente entre los parques y plantillas dependientes directamente de la Diputación y los pertenecientes a los ayuntamientos o mancomunidades, que reciben subvenciones por parte de la institución provincial para financiar sus efectivos, dotaciones e instalaciones.

Este servicio está marcado por el peso entre sus filas de la figura del bombero voluntario, cuyas funciones están restringidas por la regulación en la materia, toda vez que el Sindicato Andaluz de Bomberos reclama desde hace años un mayor número de bomberos funcionarios en detrimento de esta figura. Los bomberos voluntarios que forman parte del Sistema Provincial de Bomberos, adscritos a los ayuntamientos, constituyen en concreto el 37,5 por ciento del total de 416 efectivos del servicio provincial.

Y ante las nuevas críticas del SAB, centradas esta vez en el caso del parque de bomberos de La Rinconada, la Diputación, que encabeza el Sistema Provincial de Bomberos, recuerda que su pleno aprobó el pasado 29 de diciembre el "pistoletazo de salida" al nuevo Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, promovido por la Diputación para optimizar la gestión y coordinación de los bomberos de la provincia, con una memoria económica que contiene una previsión de inversiones de 157 millones de euros entre 2017 y 2022 y unos estatutos que reconocen "la dicotomía de bomberos funcionarios y bomberos voluntarios".

"La dicotomía bomberos funcionarios y bomberos voluntarios aparece reflejada en el artículo 26 de los estatutos del Consorcio de Bomberos, aprobados en el último pleno del año 2016", señala la institución, exponiendo que "los bomberos voluntarios van a seguir prestando servicio en los parques de la provincia porque su figura y su labor está reconocida por Ley".

LO QUE FIJA LA LEY

"Estos voluntarios prestarán el servicio en las condiciones y marco que la Ley fija pero no serán mayoritarios, porque la intención de la Diputación es tender a la funcionarización plena del servicio", alega la institución provincial, defendiendo este proceso de "maximizar la funcionarización" de la plantilla de los bomberos de la provincia, "de manera progresiva y en función de los recursos que se disponga".

"Es un proceso que supone la reducción de efectivos, ya que la sustitución de un bombero voluntario por uno funcionario conlleva un coste que repercute en el vecino, vía impuestos, y por tanto, no se puede encarecer la prestación del servicio de manera desproporcionada", avisa la institución, recordando que dado que "la Ley dice que el servicio de atención de emergencias hay que prestarlo en óptimas condiciones, los bomberos voluntarios, al igual que los funcionarios, tienen que contar con la mejor formación y la mejor equipación".

"La Diputación no tiene intención de distinguir, ni en formación ni en equipación entre los bomberos que prestan servicio en el Sistema de Bomberos de la Provincia, sean funcionarios o voluntarios, porque considera que con esto se conculcaría la Ley", reitera la institución en cuanto a las críticas del SAB acerca de que los bomberos voluntarios cuenten con los mismos uniformes que los profesionales.