Los fallos resuelven varios recursos interpuestos por el Igualatorio Médico (IMQ) contra la facturación por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) de asistencias en urgencias realizadas a pacientes mutualistas a los que se presta cobertura sanitaria desde esta entidad privada.

Las sentencias estiman la reclamación de IMQ y anulan la facturación de estas asistencias, por entender que en estos casos el "tercero obligado" al pago es el propio paciente, de acuerdo al artículo 78 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Mutualismo Administrativo, ha explicado en una nota el Gobierno de Navarra.

Los funcionarios pertenecientes a los regímenes especiales de Muface, Mugeju e Isfas optan cada año entre ser atendidos por la sanidad pública o un seguro privado. En el segundo caso, la prestación de la asistencia sanitaria en Navarra se realiza a través del IMQ.

El SNS-O había empezado a facturar a IMQ la prestación de la asistencia sanitaria que viene ofreciendo a mutualistas asegurados con esta entidad en los servicios de urgencias por entender que era esta aseguradora la que debía resarcir el gasto que supone para el sistema público de salud atender a estos pacientes, dado que cobra por la prestación de ese servicio. Sin embargo, las sentencias emitidas recientemente indican que el "tercero obligado" a ese pago es el propio paciente que demanda asistencia, al entender que ha acudido al sistema público sin el preceptivo conocimiento y la autorización de IMQ.

El SNS-O ha remitido una nota informativa a las mutualidades afectadas y a IMQ avisándoles de que, cumpliendo lo estipulado en los últimos fallos judiciales, a partir de ahora deberá cobrar directamente a estos pacientes las asistencias que demanden en urgencias. Ahora ya se les facturan las atenciones que demandan en los servicios de asistencia programada cuando ésta no cuenta con la autorización previa de su aseguradora privada.

En la nota informativa, el SNS-O pide a estas entidades que mantengan informados a sus mutualistas para evitar que el desconocimiento de la normativa pueda derivar en cobros directos indeseados. El comunicado ha sido remitido también al Departamento de Educación, dado que buena parte del colectivo al que afecta esta medida pertenece al cuerpo docente adscrito a Muface.