El pleno aprueba instar a la Generalitat a regular sus deudas con AFEMA pero impide a sus trabajadores hablar

  • El pleno del Ayuntamiento de Alicante no ha permitido a los trabajadores de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales (AFEMA) dirigirse a la Corporación por no estar inscritos en el Ayuntamiento como asociación de interés municipal, y tras haber presentado su solicitud bajo el paraguas de Ecologistes en Acció, que sí está reconocida como tal.
Dani Simón se dirige al pleno
Dani Simón se dirige al pleno
EUROPA PRESS
Dani Simón se dirige al pleno

El pleno lo ha impedido, tras debatir 'in situ' su pertinencia, durante el debate de una declaración de Guanyar Alacant para que la Generalitat regularice su deuda y asegure el futuro del servicio. Los trabajadores querían exponer su versión ante la decisión de la entidad de aplicar un ERTE a once trabajadores ante la delicada situación económica que padecen.

Sin embargo, una reunión de los portavoces de los grupos municipales ha decidido no permitir su parlamento antes de aprobar la declaración para instar a la Conselleria de Igualtat y Políticas Inclusivas a que regularice sus deudas con la entidad.

La moción ha salido adelante con los votos de PP, Guanyar, Ciudadanos y los dos ediles no adscritos; y con la abstención de PSPV y Compromís.

Desde Guanyar, la edil de Acción Social, Julia Angulo, se ha solidarizado con los trabajadores y ha explicado que la declaración va encaminada a que se afronte 2017 "con tranquilidad".

El concejal no adscrito, Fernando Sepulcre, ha puesto el acento en la entidades que prestan atención a personas "que realmente lo necesitan"; mientras que, la también no adscrita, Nerea Belmonte, ha respaldado a los trabajadores y ha creído que "la responsabilidad no es solo de los retrasos de Conselleria, sino de cómo se ha gestionado internamente AFEMA" y ha recordado que algunos trabajadores apuestan porque sea disuelta la entidad "y se cree algo mejor".

Desde Compromís, Natxo Bellido ha mostrado su "cariño y respeto" por los trabajadores y ha defendido a la Conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra.

Así, ha comentado que la crisis de AFEMA se "arrastra desde hace años" y ha insistido en que desde Conselleria se trabaja en solucionar la cuestión "desde hace muchos meses" y ha cifrado en 10 los expedientes relativos aprobados, el último "anteayer por el que se abona la cantidad de 62.892 euros" y ha calculado en 650.000 euros lo que se ha pagado "ya", y ha indicado que queda pendiente la mensualidad de noviembre.

Ciudadanos ha lamentado que los trabajadores sean los que paguen "las deficiencias en la gestión"; el PSPV se ha solidarizado y se ha abstenido porque ha entendido que la Conselleria está haciendo lo que debe para "poner al día" la entidad; mientras que el PP ha valorado "muy bien" la declaración aunque "con suavidad para no molestar a la consellera".

Por su parte, los trabajadores, en declaraciones a los medios al término del pleno, han expuesto que se ha despedido a 11 trabajadores y han criticado que existe una "responsabilidad histórica de Conselleria, no solo de la actual, con entidades que gestionan servicios públicos y que no cobran a tiempo el servicio que cubren".

"En realidad, es un problema de gobierno de la entidad, que la tienen también de una mala gestión de sus servicios", han reconocido y han criticado que "por segunda vez" no se les haya permitido dirigirse al pleno.

"Será porque a la Conselleria de bienestar social no le interesa que digamos cuál es la situación, porque eso de que están al día es relativo, nunca se está al día", han agregado.

Además, han subrayado que continúa debiéndose dinero y se gestionan los servicios de una manera "muy delicada" y han lamentado que "la única vía que dejan es la vía judicial y la protesta.

Nos damos cuenta que aquí en las instituciones no tenemos nada que hacer, se tapan unos a otros, se tiran discursitos y las culpas pero que no resuelven absolutamente nada y no nos dejan hablar y decir lo que pesamos".

DIMISIÓN DE MARZÀ Asimismo, el pleno ha rechazado una declaración institucional para pedir la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, por la gestión del programa de gratuidad de libros XarxaLlibres.

La edil 'popular' María del Carmen de España ha asegurado que el PP defiende medidas "efectivas" para la compra de libros de texto, y ha razonado que en la ciudad de Alicante de los 41.000 solicitudes "solo se han beneficiado cerca de 9.000".

Así, ha tildado de "chapuza" el XarxaLlibres, porque "se generan expectativas que no se pueden cumplir".

La concejal de Educación, Maria José Espuch, ha reconcido que los inicios son "difíciles" pero ha contrapuesto el XarxaLlibres de Marzà que tiene como objetivo "liberar a las familias del costo" de la compra y ha asegurado que se camina "hacia la gratuidad total" y ha cifrado en 360.000 familias las beneficiadas y ha indicado que se inculca en los menores el respeto por materiales que serán reutilizados.

Y se ha mostrado "sorprendida" porque se pida la dimisión de un conseller y se ha cuestionado si se pide "¿por poner en marcha una medida que da dinero a los valencianos, desde los contribuyentes y no los desvía a los bolsillos de otros?".

Así, ha contrapuesto que el PP "en 20 años" dio ayudas de las que se beneficiaron "139 beneficiarios".

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