Los hechos se remontan a enero de 2006, cuando la paciente, que responde a las iniciales O. L. Z, acudió a urgencias del hospital Miguel Servet con una hemorragia vaginal. En el centro sanitario le detectan un mioma y un quiste, ambos de tres centímetros, y le remiten al servicio de ginecología de su centro de salud.

Sin embargo, allí se limitan a transcribir los datos del informe de urgencias sin practicarle ninguna prueba complementaria. Le recetan unas pastillas para regular la función hormonal y la envían a casa.

En abril, cuatro meses después, la paciente regresa a la consulta de ginecología porque el sangrado vaginal persiste. Allí le modifican el tratamiento hormonal, pero no le hacen pruebas.

En mayo regresa a urgencias. Las hemorragias continúan y se agravan con dolor. En el Servet le practican finalmente una serie de pruebas y le detectan un cáncer desarrollado de ocho centímetros de largo. La operan el 4 de julio de 2006 y la tratan con quimioterapia y radioterapia.

Ese mismo mes interpone un reclamación y el Salud admite que no se le hicieron las pruebas correspondientes y que el tumor se podría haber detectado antes.

«Una oportunidad perdida»

Entre las conclusiones del departamento de Salud de la DGA destaca la ausencia de exploración física, toma de muestras y petición de pruebas complementarias en las consultas especializadas de su centro de salud en enero y abril de 2006. Reconoce, además, que el tumor maligno se podría haber detectado con antelación a través de una exploración detenida y considera que hubo una demora en el diagnóstico que supone «una pérdida de oportunidad para la paciente».

El 10 de octubre de 2007, a través de El Defensor del Paciente, se llega al acuerdo por la que el Salud paga 75.000 euros como indemnización por daños y perjuicios.