El abogado de la acusación, Alfredo Najas, ha indicado a Europa Press su "satisfacción" con respecto a la resolución judicial que muestra que el cese de su patrocinado fue "ilegal" si bien ha expresado sus discrepancias sobre la posibilidad de que el acuerdo firmado entre los cuatro ediles, anterior al escrito del exregidor, tuviera una "naturaleza política" y no administrativa.

El letrado ha considerado que la sentencia, en la que se señala cómo el entonces primer edil cesó al exsecretario-interventor municipal en septiembre de 2011 "sin incoar ningún expediente administrativo" y "a sabiendas de que carecía de competencia", es "especialmente dura con respecto a cómo se produjo el cese", toda vez que "pone de manifiesto una situación que vivió el secretario, al que se le impedía el acceso al Ayuntamiento para poder trabajar de manera adecuada porque le quitaron las llaves", ha añadido.

Asimismo, ha avanzado que una vez que el fallo sea declarado en firme, se plantearán iniciar un nuevo procedimiento por "falsedad en documento público" puesto que el exregidor "faltó a la verdad" al diseñar un escrito que no le permitía expulsar al secretario, lo que es "extremadamente grave" a su parecer.

"No es una cuestión política, es una cuestión de derecho", ha añadido Najas, quien ha recordado que el propio exsecretario advirtió de que el procedimiento que se seguía para dejar de contar con él no era conforme a derecho.

El fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería absuelve a los ediles Enrique Montalvo, Antonio Peñuela -actualmente alcalde de Partaloa como independiente- y al exconcejal Federico Molina al apuntar que el documento que firmaron carecía "en el sentido estricto" de naturaleza jurídica.

"SATISFACCIÓN" DEL COLEGIO OFICIAL

Por su parte, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Almería (Cosital), han trasladado su "satisfacción" por el fallo y han advertido de la "especial importancia de preservar las funciones reservadas a dichos funcionarios encargados de velar por la legalidad en las entidades locales".

Así, han apuntado las "dificultades" que "a menudo, sufren algunos funcionarios del colectivo" por defender "la imparcialidad y la legalidad, para lo cual se hace necesario la protección por parte de todas las instituciones y en última instancia por la Administración de Justicia", según ha trasladado en un comunicado remitido a Europa Press.

El Colegio ha resaltado "la importancia de sentencias como esta" que "vienen a condenar a aquellos cargos públicos que, con absoluto desprecio a la legalidad, pretenden interferir con ceses ilegales en las funciones de los secretarios e interventores de habilitación nacional".