La Policía investiga los negocios del expresidente de la CAM tras la muerte a tiros de su viuda

  • Las diligencias se centran en la consulta de documentos empresariales y bancarios de la fallecida y en el tráfico de llamadas telefónicas.
  • Todas las líneas de investigación siguen abiertas y el juez ha decretado el secreto de sumario para evitar filtraciones que obstaculicen las indagaciones.
  • La familia Sala controla negocios de automoción y construcción en Alicante, así como empresas del sector químico en América Latina.
La policía científica registra el vehículo en el que la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, hallada muerta en su interior.
La policía científica registra el vehículo en el que la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, hallada muerta en su interior.
EFE/Manuel Lorenzo
La policía científica registra el vehículo en el que la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Vicente Sala, hallada muerta en su interior.

La Policía investiga los negocios e inversiones de la familia del expresidente de la Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala para determinar si guardan relación con la muerte a tiros de su viuda, María del Carmen Martínez, ocurrida el pasado viernes.

Según han confirmado este miércoles fuentes de la investigación, también se indaga el tráfico de llamadas telefónicas registrado en la zona donde se ubica el concesionario de coches de Alicante en el que ocurrió el crimen.

Excepto el robo, que ha quedado descartado como móvil del asesinato, todas las líneas de investigación siguen abiertas, pero el juzgado de Instrucción 7 de la ciudad, encargado del caso, ha decretado el secreto de sumario para evitar que las filtraciones obstaculicen las indagaciones.

"Desde el juzgado solo se podría entorpecer en estos momentos la labor de los agentes", por lo que el magistrado José Luis Lafuente se está dedicando por ahora a estudiar y autorizar, si son pertinentes, las solicitudes que le realizan los agentes para practicar diversas diligencias de pruebas, según fuentes jurídicas.

Esas diligencias pasan por la consulta de registros públicos y documentos tanto empresariales como bancarios vinculados a la fallecida, así como por el examen del tráfico de llamadas registrado por los repetidores de telefonía móvil en las horas anteriores o posteriores al asesinato.

La familia Sala controla diversos negocios de automoción y construcción en la provincia de Alicante, así como empresas del sector químico en países de América Latina. No obstante, las fuentes consultadas han precisado que todas las gestiones policiales enumeradas forman parte del protocolo habitual que siguen los especialistas de las fuerzas de seguridad en homicidios como el de la viuda de Sala, y han añadido que habrá que esperar por tanto antes de saber si arrojan pistas que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Dos disparos a quemarropa dentro de su coche

María del Carmen Martínez, de 72 años, murió sobre las 19.00 horas del pasado viernes tras recibir dos disparos a quemarropa en la cabeza en el interior de su vehículo, un todoterreno de alta gama con el que había acudido al concesionario que regenta su familia en Alicante.

Aunque en un principio se barajó un robo como móvil del robo, la Policía lo ha descartado y trabaja en otras líneas de investigación, como una motivación económica.

La autopsia practicada el pasado sábado ha confirmado que la víctima no tuvo posibilidad alguna de defenderse porque le descerrajaron dos disparos en el lado izquierdo de la cabeza cuando se hallaba sentada al volante de su coche.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el autor de los disparos era una persona con experiencia en el manejo de las armas, un sicario profesional, que habría cometido el crimen por encargo.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, confirmó el pasado lunes en una comparecencia ante la prensa que el asesinato no quedó registrado en ninguna cámara de seguridad.

Igualmente, explicó que en las horas posteriores al asesinato los investigadores habían tomado declaración a los hijos de la fallecida, un hombre y tres mujeres, y a otras personas de su entorno familiar, pero dijo que no había constancia de que la víctima hubiera recibido amenazas anteriores a su muerte.

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