Así figura en el acuerdo rubricado por los grupos políticos de la Diputación Provincial de Almería, en el que se indica un calendario mediante el cual los municipios deberán transferir competencias a la institución provincial y aprobar una ordenanza fiscal mediante la que se actualizarán las tarifas del agua.

El acuerdo, consultado por Europa Press, llega tras las negociaciones iniciadas entre el equipo de gobierno y la oposición. De forma paralela, el comité de empresa convocó protestas como la llevada a cabo este miércoles frente al Ayuntamiento de Huércal-Overa, y una huelga, que finalmente ha sido suspendida. Los representantes de los 97 trabajadores acudirán al pleno donde quede aprobado oficialmente el acuerdo este jueves.

El documento insta a Galasa a que acometa la realización de una auditoria técnica "urgente" sobre las fugas y las pérdidas de agua, la cual "se pondrá en conocimiento de los ayuntamientos de los municipios" en los que la entidad presta servicios del ciclo integral del agua así como de la Diputación "de manera inmediata".

Los presupuestos de 2017 de la institución supramunicipal contemplarán para la "corrección de las deficiencias en las redes que provocan la pérdida de agua" un gasto plurianual para el bienio 2017/2018 de cinco millones de euros, que deberán completarse "con aportaciones municipales".

Estas aportaciones municipales se realizarán en las cuantías porcentuales que se calculan para los planes provinciales "si bien, las bajas en las adjudicaciones de los contratos de obra se destinará a reducir las aportaciones respectivas de las partes financiadoras".

"Los municipios que no realicen las aportaciones que les correspondan no recibirán las inversiones previstas por la Diputación", señala el acuerdo de los grupos. La inversión "se repetirá en ejercicios sucesivos dentro de los límites de la normativa presupuestaria" hasta que las pérdidas de agua "se encuentren en parámetros normalizados y aceptables".

El acuerdo plasmado a través una moción institucional también instará a Galasa a que ejecute las obras "con medios propios" y evite la "externalización o subcontratación", lo que solo se contempla para situaciones "justificadas". La empresa pública deberá además hacer un análisis para optimizar el servicio de atención al usuario ante fugas y averías.

NUEVAS TARIFAS

La Diputación también instará a Galasa a que realice una nueva propuesta de tarifas en el Levante conforme a la propuesta facilitada por el equipo de gobierno, que contempla subidas del 18 por ciento del precio en el Levante. La propuesta deberá ser aprobada por el órgano competente de Galasa antes de 12 de diciembre.

Por su parte, los ayuntamientos tendrán hasta el 23 de diciembre para delegar en la Diputación la competencia para la imposición y ordenación de las tasas relacionadas con los servicios del ciclo integral del agua y aprobar una ordenanza fiscal con las nuevas tarifas.

En caso de que algún Ayuntamiento no adopte estos acuerdos, Galasa solo prestará el servicio "exclusivamente a petición" del Consistorio "con arreglo a las tarifas que se establezcan por la prestación del servicio en alta".

En cuanto a la zona del Almanzora, la empresa pública de aguas deberá realizar un análisis del coste del servicio proponiendo un nuevo sistema tarifario antes del 23 de diciembre, con lo que los ayuntamientos de esta zona tendrán de plazo hasta el 30 de diciembre para traspasar competencias y aprobar la ordenanza fiscal.

El acuerdo también refleja la creación de una comisión de seguimiento de ayuntamientos, Diputación y miembros del Consejo de Administración de Galasa para comprobar el cumplimiento de los acuerdos. Se reunirá, al menos, una vez de forma trimestral.