Así lo ha explicado este miércoles el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roger Llanes, en el acto de presentación de este anteproyecto de ley, en el que también han intervenido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián.

Roger Llanes ha señalado que, entre las medidas que contempla esta futura norma, se encuentra la promoción de iniciativas de gestión común como "agentes de innovación en la gestión de tierras". También se configurarán procedimientos de reestructuración parcelaria públicos y privados y tendrá en cuenta el asesoramiento técnico para "una gestión sostenible del suelo", además de la puesta en marcha de incentivos fiscales para la "mejor movilidad de la tierra".

Por otro lado, el director general de Agricultura ha indicado que esta ley definirá el suelo agrario infrautilizado y ofrecerá "alternativas para su uso sostenible", entre las que incluye la creación de una red de oficinas gestoras de tierras -que pueden ser ayuntamientos o entidades vinculadas al sector agrario- que "den apoyo a las experiencias de bancos de tierras".

En esta línea, prevé la constitución de la 'Xarxa de Terres' como "mecanismo de información y asesoramiento" a través de estas oficinas gestoras y llevará a cabo "actividades de registro, inventario y seguimiento del mercado de tierras".

TIERRA INFRAUTILIZADA

La futura ley contempla el concepto de "tierra infrautilizada", que se declarará donde aparezcan "graves indicios de degradación del suelo, malas prácticas agrícolas" o cuando exista "un evidente abandono de la actividad".

"En casos extremos, se puede llegar a la alternativa de obligación de cesión de la tierra a terceros o a la 'Xarxa de Terres'", ha afirmado Llanes, que ha sostenido que esta medida contribuirá a "contactar la oferta y la demanda de tierras" y "deberá permitir un acceso preferente a jóvenes, mujeres y profesionales".

Este anteproyecto de ley también incluye una "iniciativa de gestión en común", a la que se podrán acoger "todas las explotaciones asociativas que manifiesten su voluntad de ser consideradas como una unidad para la puesta en marcha de un plan de gestión". "Tendrán los beneficios fiscales previstos en esta ley, como las ventajas fiscales en la adquisición o arrendamiento de tierras", ha precisado.

También se han introducido medidas de soporte público a la reestructuración parcelaria para "superar la clásica concentración", de modo que "se agilizarán los procesos de reestructuración agraria" y se ofrecerán ventajas fiscales a la tributación en la adquisición y arrendamiento de fincas rústicas que "superen ampliamente los beneficios que considera actualmente la legislación estatal". Además, se ampliarán las exenciones de la normativa estatal sobre el impuesto de sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales.

Estas medidas buscan un "impulso" en "la transmisión de tierras a profesionales o la gestión por parte de cooperativas" y tienen el objetivo de "trabajar en la base para que la agricultura sea más competitiva" y "romper el abandono que ha habido en los últimos 20 años", según ha dicho el director general.

"EXCESIVA FRAGMENTACIÓN DE TIERRAS"

Llanes ha señalado que esta ley pondrá las bases para un "cambio estructural" en un modelo de agricultura en el que "sólo el nueve por ciento de las hectáreas puede dar empleo fijo al agricultor" y la "falta de rendimiento favorece el "abandono de tierras".

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha destacado que el sector agroalimentario representa el 16 por ciento del PIB valenciano y el 24 de las exportaciones de la Comunitat y por ello ha apostado por hacer "absolutamente imprescindible" tener "un sector primario potente". "La agricultura valenciana está aquí y tiene ganas de mirar al siglo XXI", ha concluido.

La consellera de Agricultura ha comentado que esta norma busca que la agricultura ofrezca "una vida atractiva profesional y personalmente", que se "revitalicen" los pueblos y un "impulso al cooperativismo". "Pretende contribuir a reforzar las mejores condiciones para que nuestra agricultura sea innovadora y sostenible", ha añadido.

"MANIFIESTAMENTE MEJORABLE"

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, ha criticado que la futura Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias "se queda corta con las necesidades de los valencianos", por lo que considera que es "manifiestamente mejorable". "Si ha habido 80 millones para la agricultura ecológica, como mínimo debería tener un presupuesto de 800", ha manifestado.

"Estamos a mitad de legislatura y difícilmente antes de que acabe se podrá hacer algo, con lo que es una legislatura perdida para el campo valenciano", ha lamentado Aguado, que ha apostado por que el Consell sea "capaz" de "consensuar" esta ley "con todos los partidos políticos", ya que "podría ser un proyecto de futuro gobernara quien gobernara".

También ha señalado que esta ley no debería tener los "incentivos regresivos" que cree que tiene y que "no son aceptables para los dirigentes agrarios y los agricultores". "Tenemos que hablar de rentabilidad, de precios dignos, de ley de la cadena alimentaria, de acuerdos con terceros países, de una oficina en Bruselas que sea un 'lobby' verdadero en defensa de nuestros intereses y de muchísimas cosas que nos discriminan".