Según la información de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, recogida por Europa Press, la fecha límite para la presentación de ofertas expira el día 21 de diciembre del presente año y la apertura de ofertas para su valoración de cara la adjudicación está previsto para el día 17 de enero del próximo año. Asimismo, este contrato no está sujeto a regulación armonizada y no es susceptible de recurso especial.

Esta medida responde a la demanda de los vecinos, recogida por el PP de la capital andaluza de que pese a que las viviendas contaran con la preinstalación de aire acondicionado, éstas no contemplan la instalación completa de la climatización. Una situación que para la portavoz popular de vivienda en el Parlamento andaluz por Sevilla, Alicia Martínez, "perjudica seriamente a los vecinos que en la mayor parte son personas mayores y niños dadas a las elevadas temperaturas de Sevilla".

Aparte de la ausencia de una instalación completa de aire acondicionado, Martínez también detalló otras "deficiencias como que sigue sin estar en funcionamiento el bar, el comedor o los aparcamientos". Así "de estos últimos hay 100 plazas vinculadas a las viviendas a precio de 58 euros, y el resto hasta 200 plazas de aparcamientos no se sabe qué va a hacer AVRA con ellos", reclamó la portavoz popular.

Además, Martínez aseguró que "después de llevar, en muchos casos, más de diez años esperando la adjudicación de una vivienda, en el acto de la firma les pusieron el contrato por delante con las condiciones que AVRA planteaba, sin opciones de ningún tipo y bajo amenaza de tirar de la lista de espera".

Así, la parlamentaria popular recalcó que "las irregularidades de estos contratos son numerosas, como por ejemplo que en el contrato se estipula una renta de 159 euros, además de un uno por ciento de gastos de gestión y servicios comunes del alojamiento o dos meses de aval cuando lo habitual es uno". Martínez también explicó que "los vecinos tienen que pagar también el IBI, algo que debe correr por cuenta del arrendatario en este caso la agencia AVRA, y que puede suponer alrededor de 300 euros más por vivienda y, además deben de abonar 50 euros mensuales como gastos de mantenimiento, algo que no figura en el contrato".

COBRO DEL IBI

Por su parte, desde la agencia pública respondió a los populares que "existe la obligatoriedad legal de repercutir el IBI a los inquilinos de los alojamientos protegidos, como cualquier otro adjudicatario de vivienda pública".

En esta línea, el cobro de este impuesto, según AVRA, viene establecido en el articulo 63.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y ratificado por dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en abril de 2012. "De este modo y como ocurre en cualquier promoción de vivienda protegida titularidad pública, cuando la Agencia abona el IBI girado por el Ayuntamiento, lo repercute a los inquilinos y estos alojamientos protegidos de San Bernardo no pueden recibir un trato diferenciado porque se estaría incumpliendo la ley", argumentaron desde AVRA.

Con respecto a las otras reclamaciones, el director gerente de esta agencia, Luis Jiménez, aseguró "que los contratos bajo ningún concepto contienen irregularidad de ningún tipo y los adjudicatarios los han firmado con absoluta libertad, sin coacción ni amenaza alguna".

En otro orden de cosas, la licitación del contrato de instalación de los climatizadores va en relación a su promesa de "resolver con la máxima diligencia el problema generado por la ausencia de estos aparatos".