Así, según recoge la sentencia difundida por el TSXG, el Supremo rechaza el recurso del abogado del Estado, después de que la Administración tributaria considerase que debía aplicarse el régimen de prorrata general porque esos bienes y servicios "eran utilizados de forma común por el sector de la enseñanza superior y el de investigación".

Por contra, la sentencia que ahora confirma el Tribunal Supremo, concluye que al sector de actividad de investigación le corresponde el 100 por cien de la deducción, que es el porcentaje aplicable a las cuotas soportadas tanto en los proyectos de investigación aplicada, como en los de investigación básica.