Trabajaba como ordenanza de servicios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante y realizó 621 transferencias y bajas de vehículos utilizando la opción J (se usaba excepcionalmente cuando el cliente justificaba el pago de la tasa o había un error por parte de la Administración), para quedarse así con el dinero que pagaban las empresas por realizar las operaciones, según la Fiscalía.

En total, se apoderó fraudulentamente de 14.000 euros de las tasas de Tráfico durante 2004 y 2005, según el Ministerio Público. Ahora, la Fiscalía de Alicante solicita para él una condena de cuatro años de cárcel y una inhabilitación de 10 años por un presunto delito de malversación de caudales públicos.