Todos los grupos han respaldado esta iniciativa presentada ante el Pleno por la procuradora socialista María Josefa Díaz-Caneja quien ha defendido la importancia de cerrar en el ámbito nacional un Pacto de Esta para luchar contra este tipo de violencia. No obstante, ha defendido un conjunto de medidas en el ámbito regional destinadas a garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

En su intervención ha recordado el nombre y apellido de las seis víctimas de violencia de género fallecidas en la Comunidad en lo que va de año y ha manifestado su preocupación por el "rearme" del machismo en el siglo XXI a través de conductas de "abuso, acoso y hostigamiento callejero".

De este modo, Díaz-Caneja ha considerado "urgente" una revisión del Plan Autonómico con estrategias de "prevención", detección precoz de la violencia y apoyo económico a ayuntamientos con el fin de alcanzar un acuerdo social, político e institucional contra la violencia machista.

"La sociedad exige respuestas y reclama una solución real a este mal endémico", ha reclamado ante el Hemiciclo.

Por su parte, el procurador de IU, José Sarrión, ha respaldado la propuesta desde la premisa de que es necesario trabajar con "más ahínco" en la prevención, al igual que la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, quien ha llamado a actuar desde el ámbito de la educación, ya que, como ha reseñado, "es preciso que hombres y mujeres se consideren como iguales".

"Es un paso fundamental para acabar con la violencia de género terminar con la superioridad moral", ha aseverado Rosado.

Asimismo, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha lamentado el "repunte" de la violencia de género y ha insistido en que la falta de ejecución de la Ley contra la Violencia de Género es "vergonzosa". "Es la Ley que menos se cumple en este país, damos por hecho que la mitad de la población está excluida de las garantías democráticas", ha manifestado.

Domínguez ha llamado a la sociedad a centrarse en enseñar a los hombres a no violar y no en mostrar a las mujeres como evitar una violación. No obstante, la procuradora ha encendido el debate en las Cortes al asegurar que con dos partidos "machistas" como el PP y Ciudadanos es "difícil avanzar en políticas de igualdad".

Ante esta acusación, la procuradora del PP Irene Cortés exigió a Domínguez que retirase sus palabras. "Soy miembro del PP y no soy machistas al igual que todos mis compañeros y compañeras", ha increpado.

Tras estas palabras Cortés ha lamentado que las medidas introducidas no sean capaces de "erradicar" esta "lacra" que supone la "máxima vulneración de los derechos y libertades" de las mujeres.

Desde Ciudadanos también se exigió a Domínguez que retirara sus palabras, algo que finalmente la procuradoras de Podemos se negó a realizar.

LA PNL

El texto de la PNL socialista exige revisar el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, la puesta en marcha de planes de detección precoz para poder actuar desde los inicios, estrategias de prevención y programas contra la violencia, además de crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos.

Asimismo, se ha acordado instar al Gobierno central a promover un pacto social, institucional y político contra la violencia de género, a poner en marcha Juzgados Especializados en Violencia de Género, garantizar la formación específica de los profesionales y, entre otras cuestiones, publicar la lista de maltratadores con sentencia firme siempre y cuando se cumplan todas las garantías jurídicas.

REGLAMENTO DE LA LEY

En el Pleno de las Cortes también se ha debatido otra PNL del PSOE que finalmente fue rechazada con el voto en contra del PP a través de la que se instaba a la Junta a aprobar en primer trimestre de 2017 el Reglamento que desarrolle la normativa, ya que, como ha explicado Díaz-Caneja, este desarrollo reglamentario debería haber estado aprobado en 2011.

No obstante, a pesar de contar con el respaldo de todos los grupos, el PP no secundó la PNL al no se aceptada su enmienda a través de la que se abogaba por esperar a aprobar este Reglamento a modificar la Ley para adaptarla a la estatal y a las conclusiones derivadas de la comisión para el estudio de la violencia de género en Castilla y León.