El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que ha impuesto sanciones de 315.000 euros a dos pisos de la Sareb en el distrito de Sant Martí y uno del BBVA y uno del Santander en el distrito de Nou Barris.

Se trata de sanciones que se imponen en aplicación de la ley catalana por el derecho a la vivienda de 2007, que pretende poner en circulación los pisos que llevan más de dos años vacíos.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha anunciado también que quieren acelerar el proceso sancionador ya que hasta ahora, antes de aplicar la sanción final, el Ayuntamiento daba varios avisos que consistían en tres multas coercitivas a los propietarios que tenían pisos desocupados.

Primero se aplicaba una multa de 5.000 euros, después una segunda de 10.000 y una tercera de 15.000. Finalmente si en este tiempo no se resolvía la situación de desocupación de la vivienda, se aplicaban las sanciones de 315.000.

Este proceso podría durar hasta 18 meses. Con el cambio que quiere implantar el consistorio, después de la primera multa de 5.000 euros se pasará directamente a la sanción definitiva. Al ahorrarse los otros dos pasos intermedios, el consitorio estima que el proceso podría no superar los 12 meses.

Desde el año pasado se han iniciado 207 expedientes, de los que 27 están en proceso de algún tipo de multa. Además de los cuatro que han llegado a esta sanción máxima de 315.000 euros, hay otros dos que han llegado a la tercera multa.

Otros ocho expedientes van por la segunda multa (de los que cinco han presentado recurso) y 13 están en la primera (de los cuales 10 han presentado recurso). El Ayuntamiento no ha cobrado todas las multa impuestas, pero pretende utilizar la vía ejecutiva para hacerlas efectivas.

"Nuestro objetivo no es recaptar dinero sino que se le dé a la vivienda su uso social", ha asegurado Montaner. Por eso reivindica el uso de la ley de 2007, así como los seis meses en que pudieron aplicar la ley 24/2015, impulsada por la PAH y luego suspendida por el Tribunal Constitucional.

"La 24/2015 nos daba un mecanismo de presión que era poder forzar la cesión de los pisos, pero seguimos teniendo los recursos de la ley de 2007", asegura. En el proceso sancionador, algunos pisos se han puesto en circulación o se han cedido al Ayuntamiento para incorporarlos a su parque de vivienda.

Esta sanción todavía puede ser recurrida por las entidades, de hecho el BBVA ha aclarado este lunes en un comunicado que la vivienda a la cual se hace referencia ya no es propiedad de la entidad, sino que el BBVA la cedió a la Generalitat dentro del convenio de cesión de viviendas para alquiler social de familias vulnerables.

También este lunes, el Ayuntamiento ha anunciado que llevará a la Fiscalía un intento de desahucio en la calle Hospital de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella. La presión vecinal ha impedido que desalojen a las siete famílias que viven en el inmueble.

También ha anunciado que sancionará a la Sareb que es la propietaria del inmueble si sigue sin atender la orden de conservación del edificio.