La empresa pública dependiente de la Diputación solicitó al Juzgado de Instrucción número 18 su personación en el caso Taula el pasado 26 de octubre, un año después de la adjudicación directa de los contratos, según ha señalado EU en un comunicado. Pérez Garijo quiere conocer "qué tareas concretas" ha realizado la letrada Emma Ramón durante este periodo.

EU en la Diputación ha recordado que Pérez Garijo fue la única consejera de Divalterra que anunció su voto en contra 24 horas antes a la licitación de la asistencia jurídica para la personación de la antigua Imelsa en el caso Taula. La diputada consideraba una "auténtica barbaridad" que se licitara un contrato por un precio estimado de 623.250 euros (incluyendo el IVA) "para realizar un servicio que se podría llevar a cabo con medios propios, tal y cómo hace el Ayuntamiento de Valencia en el caso Taula o la administración autonómica, a través de la Abogacía de la Generalitat, en todos aquellos casos donde está personada".

La representante de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia ha recordado que "la acusación particular por parte de Divalterra sólo se puede ejercer en aquellas piezas donde sea parte interesada, y esto supone la limitación a determinadas piezas, por lo tanto no había ninguna justificación posible para la cantidad de dinero que nos iba a costar esta decisión".

"Posteriormente, hemos conocido que desde hacía un año se habían adjudicado contratos por valor de 90.000 euros con el mismo objeto y, obviamente, exigí responsabilidades", ha dicho, y ha valorado la decisión del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, de apartar al Jefe de Servicios Jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, y de realizar una auditoría como "un primer paso para el esclarecimiento de los hechos". Pérez Garijo subraya que se debe "conocer con exactitud qué ha pasado y por eso hemos solicitado toda la información al respecto".