Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa después de que la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Cobo, reiterase la posición de esta Administración, desde la que se mantiene que corresponde al Ejecutivo central acometerlas.

Lo hace, en a juicio de Lillo, interpretando de forma errónea la legislación existente, especialmente la Ley de Aguas de 2001 y el Real Decreto de 1984 sobre el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimiento, saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.

En lo que se refiere a la Ley de Aguas de julio de 2001, ha explicado que su artículo 46 dice que son obras hidráulicas de interés general y, por tanto, competencia de la Administración General del Estado (AGE), las 'necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico', es decir del río y de su cauce, pero en ningún caso aquellas de infraestructuras para riegos.

También serán competencia estatal las actuaciones de corrección hidrológico forestal que afecten a más de una comunidad autónoma, es decir las necesarias para mantener el cauce del río en perfectas condiciones de evacuación del agua y mantener el ecosistema forestal en las riberas de los mismos, pero tampoco en ningún caso las necesarias para los regadíos.

Sobre este punto, el subdelegado se ha remitido al real decreto de 1984 sobre traspaso de competencias a la Comunidad Andaluza que precisa entre éstas las de 'programar, aprobar y tramitar, hasta el abono de las certificaciones, las inversiones de su interés en materia de regadíos'.

De igual modo, la Constitución Española en su artículo 149 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las obras discurran por más de una comunidad autónoma, lo que "no es el caso" en los futuros regadíos de la presa de Siles, ya que "sólo afectan a la provincia de Jaén" y por ende a Andalucía exclusivamente.

CONFUSIÓN

Así las cosas, ha lamentado esta polémica entre administraciones y, sobre todo, que desde la Junta se "intente sembrar la confusión" entre la ciudadanía en general y los agricultores en particular. A pesar de ello, se ha mostrado partidario de buscar soluciones mediante el diálogo y tratar de alcanzar un acuerdo.

"Si ustedes son incapaces de cumplir con sus obligaciones, desde el Gobierno de España estamos dispuestos a realizar las obras, pero tiene que cedernos el paso la Junta, que tiene el derecho y la obligación de hacerlas", ha puesto de relieve.

En este sentido, el subdelegado ha apuntado que las obras de las conducciones podrían ser asumidas por el Estado siempre que fueran declaradas previamente como de "interés general", como refleja el artículo 148 de la Constitución Española.

Para ello ha propuesto al Gobierno autonómico sentarse a hablar y que haga una cesión de derechos sobre el proyecto, para que de esta forma la actuación sea declarada de interés general y puedan intervenir los organismos competentes del Estado. "Si la Junta no tiene capacidad, nosotros no tenemos inconveniente en tomar el relevo y hacerlas, una vez que renuncie a los derechos y obligaciones que tiene", ha insistido.

DOTACIÓN

De otro lado, el subdelegado se ha referido a la dotación de agua para las futuros regadíos de la presa de Siles y ha reiterado que comprenderán un total de 3.500 hectáreas con una dotación de algo más de seis hectómetros cúbicos al año (1.750 metros cúbicos por hectárea).

Estas condiciones, según ha recalcado, se tomaron "por acuerdo unánime" de la junta de gobierno de la CHG el 28 de julio de 2005, teniendo en cuenta los estudios técnicos realizados. Aquel acuerdo fue comunicado a la Unión Europea, que autorizó aquella dotación, y no otra, y acordó entonces financiar la construcción de la presa con fondos Feder.

Para Lillo es "incomprensible" por falta de estudios justificativos que la apoyen, la actual reivindicación de ampliar la dotación para esos riegos hasta los 15 hectómetros cúbicos. Ha señalado que esta exigencia, que tendría que contar con la aprobación de la UE, supondría "tener que mover los parámetros de aportación de todos los embalses de la cuenca, y eso es prácticamente imposible".

Sí ha valorado, por contra, una propuesta de los agricultores de la zona a los técnicos de la CHG. En concreto, la que plantea que los 1.750 metros cúbicos por hectárea consignados en el Plan de Riego podrían reducirse a la mitad, por lo que la superficie susceptible de riego podría pasar entonces de 3.500 a 7.000 hectáreas.

"Esta solución es perfectamente viable y se podía trabajar a la hora de la asignación de caudales de riego a comunidades de regantes o particulares que soliciten agua para riegos", ha comentado Lillo.