El próximo año miles de madrileños residentes en la capital pagarán más en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La subida que experimentarán no obedece a una decisión del Ayuntamiento de Madrid ni a una nueva revisión de los valores catastrales. El motivo es que la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha encontrado algún tipo de obra no declarada o irregularidad urbanística en su vivienda o local.

En concreto, Hacienda ha detectado en Madrid desde principios de abril hasta las primeras fechas de noviembre la realización de más de 10.900 obras ilegales que han servido para actualizar la situación de 4.820 inmuebles. La regularización de estas propiedades supondrá un incremento de 5,1 millones de euros en la recaudación del IBI, incluyendo los recibos de 2017 y los atrasos de los ejercicios no prescritos, ya que el Ayuntamiento puede exigir legalmente el pago de este impuesto con carácter retroactivo hasta los cuatro años anteriores.

La mayor parte de los expedientes abiertos, el 44%, corresponden a ampliaciones de vivienda; un 26% a reformas no declaradas y un 17% a la construcción de piscinas. Las nuevas construcciones completas, las rehabilitaciones y cambios de usos no superaron el 5%.

Desde el año 2013, el Ministerio de Hacienda está llevando a cabo este plan de regularización catastral que "permite la incorporación al catastro de las nuevas construcciones, rehabilitaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas y que, por tanto, no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos en la misma proporción que el resto de los inmuebles catastrales de la capital", señalan fuentes muncipales.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no se sumó a este proceso concreto, que durará un año, hasta el pasado 1 de abril. Con la inclusión de la capital en el plan se da continuidad al trabajo de lucha contra el fraude que ya realiza la Agencia Tributaria de Madrid desde 2004, gracias al convenio de colaboración suscrito por la Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento, que ha permitido la incorporación a este censo de más de 140. 000 inmuebles omitidos o incorrectamente catastrados. En total, hasta el 1 de abril de 2017, serán revisados en la capital un total de 2.137.063 inmuebles.

Para detectar estas irregularidades urbanísticas, Hacienda cuenta con varios mecanismos: desde fotografías aéreas hasta los tradicionales inspectores que se desplazan a las viviendas a comprobar si la información que tienen en el catastro concuerda con la realidad. Una vez cotejada la información propia con la remitida por el Ayuntamiento y confirmada la irregularidad, Segipsa, la empresa estatal encargada de realizar el trabajo, envía una carta a los defraudadores para que regularicen la situación de su inmuble, lo que implica el pago de una tasa de 60 euros. "Las condiciones y la tasa vienen determinadas por el marco estatal, que el Ayuntamiento de Madrid aplica en cumplimiento de un acuerdo del Pleno Municipal de septiembre de 2015", explican desde el Consistorio. También se les informa de que su próximo recibo del IBI será modificado de acuerdo a la nueva situación de su inmueble.