El acto de presentación ha contado con la asistencia de profesionales del ámbito de protección de menores y del ámbito educativo, así como con la participación de escolares de Málaga y de los Consejos Municipales de la Infancia de Málaga y del municipio malagueño de Cártama.

Durante su intervención, Ruiz Espejo se ha dirigido a los jóvenes asegurando que "Andalucía cuenta con una nueva estrategia para ampliar el área de actuación sobre la infancia, incidiendo tanto en la atención de las necesidades como en el refuerzo de sus derechos".

El delegado ha considerado que "hoy día no se concibe la sociedad sin la participación activa de los niños, cuyas opiniones, conocimientos, aportaciones y necesidades deben tenerse en cuenta en todos los ámbitos de la sociedad".

Asimismo, ha subrayado que, aunque el marco operativo del Plan es hasta 2020, en el documento se ha establecido una escala de prioridades para la aplicación de las medidas de forma gradual, para lo que se ha destinado casi 673 millones de euros en el marco 2016- 2017.

Por otro lado, ha destacado que, entre los objetivos, se encuentra una mayor y mejor protección de los menores frente a la falta de recursos, el abuso y la negligencia. Para ello, ha explicado, "se prevé orientar las políticas públicas hacia la atención de los más vulnerables con el fin de evitar las situaciones de riesgo, desprotección y de exclusión social".

Por su parte, González ha valorado que el nuevo Plan "reforzará las buenas prácticas desarrolladas por Andalucía en las medidas de protección de menores".

En este sentido, ha puesto de ejemplo "la estupenda intervención realizada por los profesionales del Servicio de Protección de Menores, en coordinación con los servicios sociales municipales, ámbito sanitario, fuerzas de seguridad y judicial" y que, ha recordado, "es el resultado de la apuesta clara de la Junta por las medidas de Integración Familiar, que ha situado a Málaga en referente nacional".

Así, esta estrategia, ha concluido González, "da continuidad a las medidas que ya garantizan en nuestra provincia que todo menor de siete años y que requiera de protección pueda convivir en familia de acogida".

Por otra parte, la delegada de Educación ha profundizado en las áreas del ámbito educativo que son prioritarias en este Plan, un documento que "ha sido elaborado sobre la base del primer Plan de Atención Integral a la Infancia en Andalucía, del que se han beneficiado 1,6 millones de menores". Al respecto, ha destacado la "importante" participación y aportaciones realizadas por profesionales y técnicos de todos los ámbitos relacionados con el colectivo para el nuevo documento.

En lo que respecta al plan, este contiene una serie de actuaciones que se aglutinan en torno a cinco grandes grupos. El primero, 'Salud y bienestar emocional', tiene el objetivo de reducir la enfermedad y mortalidad prevenibles, entre otros. 'Seguridad y confianza', otra de las áreas, busca aumentar la calidad de vida de los menores y evitar así la exclusión social y reducir desigualdades.

También se encuentran 'Aprender y realizarse', que persigue el fomento de la convivencia escolar y la igualdad de género como elemento básico para el bienestar personal y social y el aprendizaje escolar. Por último, están 'Participar y prosperar', para promover la participación de los menores respetando su individualidad, y

'Transversalidad', para reforzar la cohesión social en el marco de la familia y primando el interés del menor.

De ese modo, a partir de estas áreas, se han establecido 13 líneas estratégicas que deberán desarrollarse para lograr los objetivos previstos y en las que colaborarán, junto con Igualdad y Políticas Sociales, las consejerías de Salud y de Educación.

ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

Una de las estrategias más novedosas es la inclusión, como medida de protección, de una propuesta para eliminar el acogimiento residencial en los menores de 12 años en dos fases; la primera, que ya se está aplicando, va dirigida a los menores de siete años y deberá estar implantada antes de finales de 2017, y una segunda para el tramo de edad de entre siete y 12 años, que se comenzará a aplicar a partir de 2017.

La realización de un Pacto por la infancia es otra de las iniciativas para proteger tanto a los menores como a sus familias de las dificultades provocadas por la situación actual de crisis. Igualmente, se prevé reformar la ley de los Derechos y Atención al Menor para incorporar la creación de Mesas Territoriales del Buen Trato a la Infancia, cuyo objetivo es facilitar la detección de problemas para garantizar una intervención temprana.

Asimismo, se prevé actualizar el decreto que regula la evaluación de enfoque de los derechos de la infancia en los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

De ese modo, se pretende garantizar la presencia de los más pequeños en todas las políticas integrales en esta materia. En este orden de cosas, se establece la puesta en marcha de una iniciativa que incluya el enfoque ético de este sector de la población, consultándole sobre sus ideas, miedos, expectativas y deseos con relación a su situación personal.

La promoción del éxito escolar desde un contexto inclusivo será otra de las actuaciones previstas, para atender a aquellos casos de alumnado con problemas de fracaso escolar, que abandonan las aulas, repiten curso y dejan los estudios sin llegar a obtener la titulación en ESO.

Se promoverá, a su vez, la elaboración de una estrategia integral para atender los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de la infancia, de acuerdo con una proposición no de ley del Parlamento que insta a abordar estos aspectos teniendo en cuenta los últimos avances científicos y las nuevas realidades sociofamiliares.

De la misma forma, se ha propuesto la implantación de un plan estratégico para sensibilizar y formar a los profesionales y políticos vinculados con la infancia y, por último, se promoverá un entorno amigable que asegure que se tienen en cuenta a los menores en la toma de decisiones que les afectan.