La familia de Pablo Ibar, el preso de origen guipuzcoano condenado a muerte en Florida, ha solicitado ayuda para recaudar el dinero suficiente que le permita presentar un recurso de recalificación con el objetivo de celebrar un nuevo juicio y probar su inocencia, informa Noticias de Gipúzkoa.

Sus primos Javier e Iratxe fueron recibidos ayer por los miembros de la Mesa de las Juntas Generales, encabezados por su presidenta, Rafaela Romero, quien se sumó a la iniciativa de Amnistía Internacional de presentar una resolución en favor de la suspensión mundial de las ejecuciones en la Asamblea General de la ONU.

El primo del joven condenado Javier Luariz-Ayerdi aseguró que Ibar está "bien entre comillas, porque su situación es límite". "Desesperado", pero con ganas de seguir luchando, "sabedor de que es inocente y de que está preso injustamente" fueron algunas de las expresiones que utilizó para mostrar la situación de un joven "que lleva media vida en la cárcel por un delito que no ha cometido".

Ibar, sobrino del ex boxeador José Manuel Ibar Urtain , entró en prisión en 1994, con 21 años, acusado del asesinato de Casimir Sucharsky, dueño de un local nocturno, y de dos modelos. En agosto de 2000 fue condenado e ingresó en el corredor de la muerte.

La familia apeló contra la sentencia en 2003, pero no fue hasta marzo del pasado año cuando el Tribunal Superior de Florida ratificó, de nuevo, la condena. En todo este tiempo, la familia sostiene que es inocente y no se ha dado por vencida en su búsqueda de procedimientos legales para conseguir un nuevo juicio, ya que, según afirmó Luariz-Ayerdi, en el primero sólo se admitieron "las pruebas circunstanciales y no las que probaban su inocencia, como el ADN".

El PNV ha solicitado sendas comparecencias ante la comisión de Justicia y la de Exteriores del Congreso de los Diputados para pedir su apoyo, en base a la proposición no de ley que se aprobó en noviembre de 2006. En esta resolución la Cámara instaba al Gobierno a "adoptar cuantas medidas políticas y legislativas sean necesarias para garantizar una asistencia jurídica de calidad" a los ciudadanos españoles condenados.

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