Mediante una providencia dictada este lunes, el magistrado señala que ninguna de las acusaciones personadas en la causa se ha pronunciado sobre la petición de Serra, de modo que, indica, "no parece acertado desatender sin más" la solicitud del hasta ahora encausado.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado de Serra solicitaba el archivo de su imputación en el caso Palma Arena, en cuya pieza principal fue encausado en 2009, al lamentar el perjuicio provocado por cuanto "hablamos de un procedimiento iniciado en 2008, siendo que llevamos ocho años pendientes del mismo".

Tras recordar que el encausamiento de su patrocinado se debió al contenido de determinadas actas del Consorcio para la Construcción del velódromo, en el que figuraba como integrante en representación del Consell de Mallorca, la defensa alegaba que no ha quedado demostrado que el exparlamentario 'popular' interviniera en la toma de decisiones del anterior órgano, que se encuentran en el punto de mira en el marco de este proceso judicial.

El abogado incidía en que en la querella interpuesta en su día por la Fiscalía Anticorrupción como consecuencia de estos hechos "únicamente consta su nombre como integrante de la junta rectora del Consorcio, en su calidad de presidente de S'Institut, y en ningún momento se desprende que al señor Serra le sea imputable ninguna actuación no ajustada a Derecho".

De hecho, el propio Serra definió su presencia en la junta como "meramente testimonial" y, de las actas aportadas a la causa, aseveraba el letrado que "se aprecia claramente que no asistía con asiduidad a sus reuniones, y a las reuniones a las que en su caso pudo asistir en ningún momento se tomaban decisiones donde él tuviera participación". Y, con ello, "desconociendo por tanto si en el resto de reuniones a las que no acudió se tomaron decisiones vinculantes".

El abogado subrayaba por tanto que el haber asistido a encuentros en los que no se adoptó decisión alguna "no es encuadrable dentro de ningún tipo penal", por lo que "después de ocho años de procedimiento no podemos, sea con los debidos respetos, intentar continuar con un procedimiento que no revela ni una brizna de culpa hacia mi representado".

"Mi mandante debe ser excluido de la presente causa, dispensándolo así de seguir sufriendo el castigo al que se encuentra sometido", insistía el letrado, quien incide en que "no podemos dejar a expensas de lo que pueda pasar, es decir, en un limbo interminable, un procedimiento abierto de estas características, dentro de unos autos tan mediáticos como han sido y están siendo a los que me dirijo".

Tras recibir el escrito, Castro dio traslado a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de Serra, lo que finalmente no han hecho. En la declaración que prestó en su día, el imputado manifestó que el exgerente del órgano Jorge Moisés y el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester eran quienes "llevaban el peso" de las reuniones que el consorcio mantenía y quienes tomaban "todas las decisiones".

En concreto, la causa indaga el presunto sobrecoste de más de cincuenta millones de euros producido durante la construcción del Palma Arena -el presupuesto inicial se elevó de 48 millones de euros a unos 110-, hecho que Serra atribuyó "a un fenómeno que suele acontecer en las obras públicas, a la rapidez que exigían las circunstancias y a determinados imprevistos que no puedo ahora determinar".