Falleció supuestamente por  un transformador de luz. Los padres de Jairo, un menor que falleció hace un año por un tumor cerebral provocado supuestamente por los campos electromagnéticos de un transformador de luz ubicado bajo su vivienda de Gandia, han exigido responsabilidad patrimonial al Gobierno central como presuntos autores de un «crimen de Estado».

Ricardo y Nicereta son los padres del pequeño Jairo, cuya enfermedad se manifestó ocho meses después de que se instalase un transformador debajo de su casa.

El abogado que está llevando el proceso judicial, José Luis Monzón, ha explicado que, en su opinión, el niño ha servido de cobaya humana y es «víctima de la desidia institucional» en relación con los peligros de los campos electromagnéticos y califica el fallecimiento de un crimen de Estado por omisión del deber de socorro.

Según el abogado, el Gobierno ha incumplido, prosigue, su deber de promover la investigación de los efectos que pueden causar los campos electromagnéticos. A todo esto se une, añade, la ruina económica del valor de la venta del piso de los padres.