El abogado que está llevando el proceso judicial, José Luis Monzón, ha explicado que, en su opinión, el niño ha servido de cobaya humana y es «víctima de la desidia institucional» en relación con los peligros de los campos electromagnéticos y califica el fallecimiento de un crimen de Estado por omisión del deber de socorro.

Según el abogado, el Gobierno ha incumplido, prosigue, su deber de promover la investigación de los efectos que pueden causar los campos electromagnéticos. A todo esto se une, añade, la ruina económica del valor de la venta del piso de los padres.