Así consta en el decreto emitido por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, que se produce tras las investigaciones realizadas a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, poniendo en conocimiento posibles prácticas de tráfico de influencias por parte de autoridades o cargos políticos municipales que no identificaba o recomendaciones para la contratación.

La denuncia se basaba en las declaraciones del presidente del comité de Limasa, Manuel Belmonte, en la comisión municipal de investigación, en las que apuntaba que partidos políticos habrían influido en la entrada de trabajadores en la empresa hasta el año 2013.

Desde que en abril de este año se presentara dicho escrito, la Fiscalía ha realizado varias diligencias para comprobar los hechos, destacando las declaraciones de Belmonte y del responsable de Recursos Humanos; además de que se requirió numerosa documentación relativa a los contratos desde 2011, incorporaciones a través de las vías de sustitución reguladas en el convenio y otras medidas.

Así, se señala que Limasa dispone actualmente de una plantilla de 1.437 trabajadores, de los que 33 son mandos intermedios, 70 en oficina, 105 en talleres y 107 en el vertedero; mientras que el resto se distribuye en distintas categorías; además de 88 fijos discontinuos, denominados 'domingueros'. Aproximadamente el 20 por ciento del personal fue contratados con posterioridad a 2010 y hubo incorporaciones a requerimiento de la Inspección de Trabajo para la conversión en indefinidos.

También hubo otros que entraron con base al derecho de sustituciones reconocido en el convenio, con la supervisión de la comisión de fijos, "sin que se haya constatado la incorporación por esta vía de personas no relacionadas con el trabajador cesante o que carecieran de idoneidad para el puesto". Además, la bolsa de trabajo se cerró en 2013.

En el decreto se precisa que cuando Belmonte fue a declarar a la Fiscalía "aludió a viejas y complejas negociaciones con la empresa para crear la bolsa de trabajo", lo que finalmente se plasmó en el convenio 2010-2012, "pero negó que haya existido un sistema de contratación a base de cupos, conocido como 80-20, en el que aquélla cubriría libremente el 80 por ciento de las vacantes, mientras que los sindicatos reservarían el 20 por ciento".

Sobre la selección de trabajadores indefinidos, dijo que hasta el cierre de dicha bolsa en 2013 "pudo darse alguna situación anómala en que la empresa decidiera a espaldas del comité y prescindiendo del criterio de los días cotizados, pero no afirmó ni descartó que ello se debiera a recomendaciones de políticos, pues carecía de pruebas documentales", según se indica en el decreto.

Aseguró, según el fiscal, que "nunca vio las listas de contratados impuestas por partidos o miembros del consejo de administración" y añadió, "sin tampoco citar casos concretos, que hasta 2010 llegaban quejas de trabajadores relegados por otros de menor antigüedad, cosa que entonces no podían comprobar al carecer de las necesarias fuentes documentales". El responsable de Recursos Humanos también negó las irregularidades denunciadas, aportando documentación sobre casos concretos por los que fue preguntado.

El representante del ministerio público que ha llevado dichas diligencias señala que la Fiscalía "no es competente para revisar la política de contratación laboral seguida por Limasa, a fin de comprobar si se ajusta o no a los criterios de igualdad, mérito y capacidad propios de la gestión de un servicio público de primera necesidad", teniendo que limitarse a analizar "si se dan o no indicios y elementos delictivos que justifiquen una acción penal".

El fiscal analiza el delito de tráfico de influencias y señala que en este caso la imputación del mismo "tropezaría inicialmente con la aparente ausencia de uno de los elementos del tipo, ya que los posibles destinatarios de las presiones o recomendaciones no encajarían en principio en el concepto de autoridad o funcionario" del artículo del Código Penal que lo regula.

Y esto porque Limasa fue constituida en 2001 con el carácter de sociedad mixta, figurando en ella el Ayuntamiento de la capital como socio minoritario, con sólo el 49 por ciento del capital.

No obstante, apunta que "eso no significa que las autoridades municipales carecieran necesariamente de toda capacidad decisoria en la gestión, pues se trata de una empresa estratégica creada para recibir la encomienda de todos los servicios de limpieza y a cuyo consejo de administración pertenecen políticos o funcionarios designados en función de sus cargos municipales".

Al respecto, el fiscal añade que en los últimos años se ha cuestionado la calidad del servicio prestado, surgiendo en el Ayuntamiento propuestas de resolución del contrato, "lo cual pudo traducirse, como sugiere el denunciante, en una mayor capacidad de influencia sobre los gestores de la empresa".

Muestra de ello, se indica, sería "el notorio protagonismo" de la Alcaldía en las negociaciones de los acuerdos que solucionaron las huelgas, "consolidando cambios estatutarios y un marco laboral que resulta atractivo para muchos demandantes de empleo, por las peculiaridades y privilegios que suelen airear los medios".