El empresario J.M.S., quien fuera administrador de la finca 'El Avispero' a través de la empresa Agromolinillo S.A., en el entorno de Doñana, concretamente en Bonares (Huelva), se encuentra en busca y captura desde principios de esta semana después de que no se le haya podido notificar, al no dar con su paradero, la negación de su petición de indulto, emitida por el Ministerio de Justicia, que el condenado solicitó en julio de 2015 en relación a la sentencia que lo condenaba por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad, obligándole a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado.

En concreto, este hombre fue condenado a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a seis meses por otro de desobediencia grave, y al pago de una serie de multas e indemnizaciones.

Desde la Fiscalía han confirmado a Europa Press que el pasado viernes y el lunes, al ir a notificar al penado la denegación del indulto, éste "no se encontraba en su domicilio ni en la empresa y sus familiares y empleados dicen ignorar su paradero", por lo que se ha acordado esta orden de busca y captura y orden europea de detención.

Al respecto, el fiscal ratifica todos sus informes anteriores y en especial reitera que "la pretendida colaboración y buena fe del penado no era sino su intento deliberado de dilatar la ejecución buscando la prescripción de la pena, tal y como demuestra que una vez que ha tenido conocimiento de la denegación del indulto el 30 septiembre, se encuentra fugado de la justicia y en ignorado paradero desde al menos el 14 de octubre".

No obstante, desde el Ministerio Fiscal, por si todo fuese "un malentendido", interesan que con carácter urgente se requiera a su representación legal para que informe a la Sala de los datos que tengan sobre su paradero, teléfono operativo, fecha último contacto y todos aquellos que puedan permitir su localización inmediata en el futuro.

INCLUSO LA INTERPOL

A su vez, el Ministerio Fiscal está conforme con el contenido de la providencia de 17 octubre y solicita que se complemente pidiendo con "la máxima urgencia" al Cuerpo Nacional de Policía para que informe sobre si hay constancia de su salida de España y su destino y, recibida dicha información, para que se valore la conveniencia de librar orden internacional de busca y detención a través de Interpol, encomendando su búsqueda al grupo especial existente en dicho Cuerpo Policial (Grupo Localización de Fugitivos Nacionales).

Cabe recordar que el pasado 26 de abril, la Fiscalía pidió a la Sala que requiriera al Ministerio de Justicia un informe sobre el estado de tramitación del expediente de indulto. De igual manera, el 14 de julio se contestó un oficio de la Delegación de Medio Ambiente remitiendo escrito de 'Ecologistas en Acción' en relación al retraso en la ejecución en la finca, y se interesó esperar contestación del Ministerio sobre la tramitación del indulto al condenado para continuar la restauración, y a la citada Delegación para que los técnicos visitaran el suelo afectado e informaran sobre la restauración y el posible cambio en las especies plantadas.

Seis días más tarde, el 21 de julio, en relación al retraso en la ejecución se interesó que, sin esperar contestación del Ministerio Justicia sobre la tramitación del indulto de este hombre y visto el transcurso de un año desde el inicio del expediente, se estimara denegado por silencio y se acordara el ingreso en prisión.

Sin embargo, dos meses más tarde, la defensa de este empresario solicitó la suspensión de la pena, a lo que la Fiscalía se opuso y reiteró la solicitud de ingreso en prisión, y unos días después el Ministerio denegó el indulto.

Este hombre fue condenado, junto a otras dos personas más, por los citados delitos a dos años de prisión y a una multa de 12 meses con una cuota de diez euros diarios. Además también fueron condenados a indemnizar a la Junta con el pago de 587.498 euros para la regeneración del territorio transformado, así como a desmantelar a su costa las balsas de riego y demoler o retirar las edificaciones construidas, devolviendo a su estado original el suelo afectado.

Las primeras denuncias al respecto de Ecologistas en Acción hace ahora una década alertaban de la destrucción de más de un centenar de hectáreas de bosque mediterráneo y crear en su lugar una explanada cubierta de túneles invernaderos para cultivos agrícolas, módulos prefabricados y la construcción de una balsa.

CONSTRUCCIÓN DE POZOS

Por otro lado, a principios de este mes de septiembre el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva condenó a este empresario y a su hijo, por un delito continuado de usurpación-distracción de aguas públicas, a pagar cada uno una multa de 9.150 euros -a razón de 50 euros al día durante seis meses-, así como una indemnización conjunta de 128.410 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -por el coste del agua nunca abonado-, lo que suma un total de 146.710 euros.

Todo ello por construir, desde 2008 y sin autorización, nueve pozos con brocal a cielo abierto y autobombas sumergibles en la finca 'El Avispero', ubicada en Bonares y en la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, donde extrajeron agua subterránea sin ningún tipo de contador y sin que conste el pago de ninguna cantidad.

El juzgado, que también les obliga al desmantelamiento de los pozos y declara responsable civil a la sociedad que ambos conformaban, consideró probado que los pozos fueron construidos con la intención de asegurar el riego de la parte de la citada finca, destinada a usos agrícolas -unas 60 hectáreas de plantación de arándanos-.

TRAS SER CONDENADOS

El fiscal aseguraba en su escrito que, con posterioridad a dicha condena y para obtener el beneficio económico derivado del mantenimiento de la actividad agrícola, padre e hijo -actuando siempre en el marco de la entidad reseñada y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actividad agrícola en la finca- mantuvieron la extracción no autorizada de agua y aprovecharon la hondonada natural del terreno como segunda balsa y con afectación del arroyo cercano del Espartero.

En la comarca de Doñana se localiza el acuífero 27 'Almonte-Marismas', el cual cuenta con una gran relevancia medioambiental y humana, pues alimenta al Espacio Natural de Doñana, espacio donde el agua subterránea juega un papel esencial tanto para la generación y mantenimiento de medios naturales muy diversos y ecológicamente valiosos, como para la subsistencia y desarrollo de una población, que depende casi enteramente del agua subterránea para su abastecimiento y para el regadío.