Cuando están a punto de cumplirse 25 años de la pantanada de Tous, que anegó las comarcas de La Ribera Alta y Baixa, el Gobierno ha fijado un límite a los afectados para que devuelvan el importe de los créditos que pidieron entonces.

La fecha tope es el 28 de marzo de 2008. Si las 2.700 personas en esta situación pagan antes, sólo tendrán que abonar el capital prestado (nueve millones de euros en total), pero, si no lo hacen, el Estado los denunciará y les reclamará los intereses generados estos 25 años (lo que puede doblar la cifra).

El asunto viene de largo, tras resoluciones judiciales y promesas de las diferentes administraciones, que dieron a entender a muchos afectados que se les había perdonado la deuda.

Es el caso de María, de 81 años, que el pasado 22 de agosto recibió una carta del Instituto de Crédito Oficial (ICO) reclamándole el dinero. "Me piden 1.600.000 pesetas de entonces (9.616 euros), pero soy viuda y no las tengo, y menos los intereses", confiesa agobiada.

María tuvo que malvender parte de cuatro hanegadas (3.325 metros cuadrados) de tierras en Cullera para salir adelante y afirma que los sucesivos gobiernos le prometieron que "todo estaba liquidado". Por el despacho del abogado alzireño José Manuel Vila ya han desfilado unas 200 personas preguntando qué hacer y el letrado considera "una vergüenza" la situación. Desde el ICO animan a pagar y niegan que los créditos fueran a fondo perdido.

En otros desastres no se devolvió

El hundimiento del Prestige o los recientes incendios de Castellón y Canarias son catástrofes equiparables a la pantanada que asoló la desembocadura del Júcar hace 25 años, pero difieren en el tratamiento a los damnificados.

En el caso de Tous, las ayudas sólo llegaron para quienes fueron a juicio, por lo que los afectados salieron adelante en 1982 solicitando créditos de urgencia, que ahora les piden que devuelvan. En Muxía (La Coruña), una de las localidades más golpeadas por la marea negra del Prestige, el Gobierno desembolsó en 2003 más de 160 millones de euros en ayudas y en Canarias aprobó un decreto especial.