resolver las reclamaciones de la ciudadanía cuando la respuesta de las instituciones a sus demandas de acceso a la información pública no sean de su conformidad.

La presidencia de este organismo recaerá en el director de Atención a la Ciudadanía e Innovación del Ejecutivo autonómico, Javier Bikandi, y las dos vocalías las ocuparán las funcionarias Ana Arkotxa Azkue y Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

La creación de esta comisión supone un "importante paso hacia delante en materia de transparencia, publicidad activa y acceso de la ciudadanía a la información pública", según ha manifestado el Ejecutivo autonómico.

Este organismo evitará que los ciudadanos tengan que recurrir las decisiones de las administraciones vascas al Consejo de Transparencia Estatal.

El Ejecutivo ha asegurado que la comisión también es un avance en la eficacia y eficiencia del servicio público que se presta a la ciudadanía.

FUNCIONAMIENTO

Este organismo tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar sus resoluciones. Pasado este tiempo, si no hay respuesta, la reclamación se entenderá desestimada. Las decisiones adoptadas se notificarán a la persona recurrente y a la interesada. Además, se comunicarán al Ararteko y se publicarán en el portal de transparencia 'Gardena', de la página oficial del Gobierno vasco.

En enero de 2015, el Ejecutivo puso en marcha un sistema propio para responder, de manera oficial, a las solicitudes de información ciudadana'. El sistema se gestiona a través del servicio de atención ciudadana del Gobierno Vasco, 'Zuzenean'. Todas las resoluciones se encuentran disponibles y accesibles en el portal de transparencia del Gobierno vasco.

Desde la creación de este instrumento, se han registrado 82 solicitudes, la mayoría relacionadas con temas ambientales (28) y de salud (15). El 75,6% de las peticiones, se han resuelto de modo satisfactorio.

En tres de las solicitudes denegadas se ha interpuesto un recurso de reposición. Además, nueve solicitudes no han sido admitidas: en tres casos porque se referían a ámbitos de los que la institución u órgano al que se dirigía no era competente; en otros tres, por no poseer la información requerida; en dos de los casos, por ser una solicitud duplicada; y en un noveno caso, por ser solicitada información auxiliar y no información pública.

Asimismo, se han denegado tres solicitudes: dos de ellas porque los datos que se solicitaban afectaban a la privacidad de terceras personas y éstas no dieron su consentimiento; y en una tercera, porque se trataba de una solicitud de información duplicada.