El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid volverá a tomar declaración este viernes, 14 de octubre, a los cuatro investigados en el denominado 'caso Samaniego', en el que se investiga una supuesta trama de adjudicaciones de obras y servicios por importe de 11,2 millones de las que fueron beneficiarias empresas afines al entonces máximo responsable del Centro de Mantenimiento del Ayuntamiento.

Los interrogatorios estaban previstos para el pasado día 14 de julio, si bien la indisposición de la fiscal jefe, Esther Pérez, obligó a suspenderlos y ha posponerlos para este viernes, a partir de las 10.00 horas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La toma de declaración a los investigados, el exresponsable del departamento, Luis Alberto Samaniego; su hijo, Luis Javier; un primo del primero de ambos, Antonio Bernardo Samaniego, y Miguel Ángel Rodríguez Patín, contable del grupo de empresas familiares, a quienes se sumará, en calidad de testigo, el interventor municipal, Rafael Salgado, se producirá más de dos años después de que los cuatro primeros comparecieran en sede judicial para explicar su implicación en los hechos investigados.

El largo periodo transcurrido desde su primera declaración y, probablemente, la reciente incorporación a la 'causa compleja' de los contratos de dos naves industriales, las 4 y 6 del número 11 de la calle Topacio, que el Ayuntamiento alquiló por 300.000 euros durante seis años para el Servicio de Limpieza municipal a empresas de la familia del exjefe de Mantenimiento que podrían justificar la decisión de citarles nuevamente.

Fue el primer edil el que anunció que el Ayuntamiento, personado en las diligencias como acusación particular, daría traslado al instructor de estos últimos contratos de arrendamiento formalizados entre los años 2002 y 2007 para que se investigaran conjuntamente con el resto de adjudicaciones obtenidas por Samaniego hasta solicitar la jubilación en 2014.

Aunque la juez instructora rechazó en un primer momento sumar el alquiler de las naves a la causa, la Audiencia Provincial estimó el correspondiente recurso para que el juzgado incorporara también los contratos de las naves, como así reclamaba el Consistorio.