El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que aplace la entrada en vigor de la reválida para Bachillerato hasta que se despejen los elementos técnicos y económicos que no se han aclarado y ha explicado que, no obstante, en Andalucía se mantendrá la prueba como se venía haciendo en el pasado pero adaptada a los nuevos perfiles de Bachillerato.

"Desde Andalucía defendemos que la prueba de acceso a la Universidad se mantenga de forma idéntica al pasado, organizada por las Universidades ya que el Gobierno no ha avanzado como es debido en la seguridad jurídica necesaria para que las nuevas pruebas pudieran ser seguras y bien organizadas", ha dicho el consejero en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse en Madrid con el presidente de la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Segundo Piriz.

El consejero ha ahondado en que hay muchos elementos técnicos sin definir para la implantación de la reválida de Bachillerato y ha recordado que los directores generales y responsables de Universidades pidieron ayer que se aplazara un año su entrada en vigor, "a la espera de que se aclarare todo".

"Las circunstancias técnicas, económicas y de carácter normativo general recomiendan el aplazamiento y el Gobierno lo tiene que hacer cuanto antes porque sabe que aplicar esta norma, en el caso de la reválida, es casi imposible", ha subrayado el consejero que también ha aludido a la falta de información sobre el coste económico

Y es que el responsable andaluz también ha expuesto que en la actualidad las pruebas de acceso tienen un coste de 30 millones de euros que se financian con unas tasas que recaudan las universidades. Sin embargo, una prueba convertida en obligatoria para obtener el título, debería ser gratuita, por lo que el Ministerio "deberá explicar de dónde y con qué medios se va a pagar".

"Se añade así otro elemento de incertidumbre, al tiempo que tampoco se aclara si se tendría que realizar en un lugar centralizado y los estudiantes tendrían que desplazarse a la capital de la provincia o si se desplazarían los examinadores a los institutos", ha expuesto el consejero sin olvidar que la "perspectiva económica" es "clave para la defensa de la igualdad de oportunidades".

A la vista de la situación, el consejero andaluz ha pedido al Gobierno central "claridad y contundencia" a la hora de abordar la normativa para el desarrollo de la Lomce en lo que se refiere a esa prueba de acceso a la Universidad que, a la vista de los plazos, Andalucía considera que no será posible ejecutar.

Ramírez de Arellano, que ha estado acompañado del presidente de la Asociación de las Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha mantenido que la prueba de acceso a la Universidad que propone el Ministerio rompe el distrito único y la validez de las pruebas en todo el país y afecta a las posibilidades de ejercicio de libertad de estudio de los estudiantes; además de adolecer de "problemas de definición", es decir, de cómo se hacen para enganchar con la Universidad.

Además, ha subrayado que sume en una situación de "incertidumbre" a más de 50.000 estudiantes en Andalucía y más de 350.000 en toda España, que no pueden estar a que resuelvan los tribunales, ya que la norma está recurrida, y que requieren de una respuesta "inminente".

Después de que el ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, dijera este mismo miércoles en Sevilla que esa evaluación final de Bachillerato de la Lomce, que permitirá el próximo mes de junio de 2017 el acceso a la universidad, será "muy similar" a la Selectividad, el consejero andaluz se ha preguntado si "para este viaje hacían falta estas alforjas".

"¿Para hacer lo que estábamos haciendo por qué no la mantenemos como está y veremos sus efectos académicos en el futuro de manera sosegada", se ha preguntado el consejero

CATÁLOGO DE TÍTULOS

Por otro lado, con respecto a los títulos, Ramírez de Arellano ha mantenido que el Gobierno está haciendo "un círculo enorme" para volver a "poco menos que el lugar de partida, un catálogo de títulos y que vuelva a haber diplomaturas".

En ese sentido, ha anunciado que en Andalucía no se implantarán titulaciones de tres años hasta que no se completen las acreditaciones de los títulos en un proceso técnico "riguroso y serio", hasta que la Administración no hable con los rectores sobre el nuevo mapa de titulaciones que "necesariamente estará vinculado al nuevo modelo de financiación". "Solo de esa forma actuaremos como esperan los ciudadanos, con seguridad, rigor y mesura, sin atender al oportunismo o a lamentables criterios económicos", ha previsto.

Por último, el consejero también se ha referido a los precios de estudiar en la Universidad y ha dicho que el Gobierno andaluz tiene "muy claro" que subir las tasas por encima de valores simbólicos o muy bajos es "una política fiscal, de recaudación de impuestos", por lo que ha dicho no entender que haya comunidades autónomas "que quiten impuestos a costa de subir los precios públicos de la universidad porque eso -ha añadido- es elegir quien paga los impuestos".