El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido hoy la legalidad y vigilancia de las distintas administraciones en la tramitación del proyecto de construcción de una mina de uranio, promovido por la empresa australiana Berkeley Minera España S.A, en la localidad salmantina de Retortillo, y ha recordado a los grupos de la oposición en las Cortes que el legislativo no puede interferir en el procedimiento para paralizarlo por cuanto que ello supondría incurrir en un delito de prevaricación.

En su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a petición de IU-EQUO, PSOE, Podemos y Ciudadanos, para informar sobre la situación actual de la mina 'Retortillo-Santidad' proyectada por Berkeley, el consejero ha reconocido la complejidad del proyecto, ya que implica a distintas administraciones y organismos (Estado, Junta, ayuntamientos y Consejo de Seguridad Nuclear), y al respecto ha recordado que sigue en proceso de tramitación la autorización de uso excepcional en suelo rústico mientras que se encuentra ya cerrada y es "inamovible" la Declaración de Impacto Ambiental, sin que la misma haya sido recurrida ante los tribunales, y ello a pesar de los recelos que la misma suscita entre los parlamentarios de la oposición.

"Es razonable la preocupación que ustedes muestran, la misma que han tenido todos los técnicos que han participado en la tramitación" y en los que Suárez-Quiñones confía ciegamente tras recordar que éstos "son conscientes de que no tienen entre manos la autorización de un bar", al tiempo que ha insistido en que una vez que la DIA es firme no es posible acometer un proceso de revisión de la misma en las Cortes porque han quedado consolidados los derechos de la empresa promotora.

"¡Bienvenidos al Estado de Derecho!, pues si la empresa cuenta con todas las autorizaciones tiene derecho a implantarse donde quiera, incluso cerca de un balneario, ya que de lo contrario sería incurrir en una arbitrariedad y, por tanto, en un delito de prevaricación", ha reiterado el consejero, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, precisa que el Parlamento autonómico no puede inmiscuirse en un procedimiento administrativo y que tal potestad tan sólo corresponde al poder judicial.

En su intervención, el consejero ha calificado de "charlas de café", sin rigor alguno y "en las que no entra la Junta", aquellas acusaciones de la oposición respecto de la intermediación en el proyecto, en calidad de mediador ante la UE, del que fuera segundo de Miguel Arias Cañete en el Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, así como de la compra a un alcalde del PP por parte de Berkeley, por el doble de su precio, de terrenos donde ubicar las oficinas de la empresa.

Suárez-Quiñones ha apelado a la tranquilidad tras recordar también que las administraciones serán vigilantes con el fiel cumplimiento de las exigencias medioambientales recogidas en la DIA, tarea que ha depositado en manos de los agentes del Seprona y de la Guardia Civil.

AMENAZA PARA LA ECONOMÍA DE LA COMARCA

En el lado opuesto, los grupos de la oposición han hecho causa común a la hora de exigir la revisión de la DIA por, entre otras razones, no contemplar el carácter radioactivo de los residuos de la explotación minera, cuestión que EQUO y Ecologistas en Acción han denunciado por la vía de lo contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, y, sobre todo, ante "las graves consecuencias que el proyecto pudiera tener desde el punto de vista económico para una comarca "eminentemente agrícola y ganadera, donde además se encuentra un balneario del que dependen sesenta puestos de trabajo", ha destacado el procurador de IU-EQUO, José Sarrión.

Éste ha subrayado que el proyecto supondrá hacer depender a la población de la zona de una nueva actividad económica para la que se contempla una vida útil de diez años_el proyecto contempla la extracción de 11 millones de libras de uranio_y que se centra en una energía, la nuclear, con la que su formación es eminentemente crítica, a lo que ha añadido su estupor por el hecho de que la empresa esté acometiendo ya movimientos de tierra y tala de encinas en la zona sin tener autorización plena para el proyecto.

En la misma línea se han posicionado Juan Luis Cepa, David Castaño e Isabel Muñoz, de PSOE, Ciudadanos y Podemos, respectivamente, quienes ven conveniente la necesidad de revisar la DIA por entender que la misma está plagada, en palabras de la última procuradora, de "valoraciones erróneas, inconcreciones, muchas sombras y hasta de mentiras", así como por el hecho de que el proyecto, como así ha incidido la representante de la formación morada, "puede suponer un desastre para la economía de la zona".