La PNL, defendida por el 'popular' Pedro Antonio Heras, busca proteger los derechos de propietarios y recolectores, para lo que se crearía la figura del coto micológico, se aclararía el régimen de los recolectores y se establecerían las condiciones de la comercialización.

Asimismo, se apoya la constitución de centros como lonjas o centros de acopio para la primera comercialización, se avanza en la puesta en valor de este recurso y se acuerda dirigirse al Gobierno de España para que adopte medidas a favor de una regulación adaptada a las características del sector que elimine bolsas de economía sumergida y garantice la seguridad alimentaria.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista, que ha apoyado la PNL, ha incluido una enmienda de adición que ha sido aceptada por los 'populares' tras incluir una transacción a la misma. Así, se insta a la Junta a que en la realización de la futura regulación "se siga buscando el consenso" con los actores implicados, así como un plan de vigilancia y control de la actividad micológica en el que "se continúe con la implementación" de fórmulas legales para la inmovilización de vehículos con los que se cometan hurtos o sustracciones de especies micológicas.

Los socialistas también pedían que la futura regulación tuviera en cuenta el impacto en recolectores, especialmente jubilados o personas sin actividad, en cuanto a sus obligaciones tributarias y fiscales y que colaborara y prestara asesoramiento a los propietarios forestales, puntos que se han eliminado por petición del PP, que consideraba que "ya estaban incluidos" en su texto original.

Por último, se ha incluido una petición para estudiar la posibilidad de realizar los cambios que sean necesarios en la Ley de Montes y otras para que queden tipificados todos los supuestos relacionados con la actividad micológica.

La PNL ha contado, por tanto, con el apoyo de los socialistas, así como de la Unión del Pueblo Leonés y de Ciudadanos, mientras que Podemos e Izquierda Unida han optado por la abstención.

El procurador de IU, José Sarrión, quien ha defendido la necesidad de una regulación, ha justificado, sin embargo, su abstención como un ejercicio de "cautela", mientras que por parte de Podemos, el procurador Félix Díez Romero ha advertido del peligro de "monopolio" que supone la creación de lonjas y ha acusado al Gobierno autonómico de ser "débil con los fuertes y fuerte con los débiles".