Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en un instrumento para hostigar a menores y víctimas de violencia de género. Así lo constata la Fiscalía General del Estado, que recoge en su memoria relativa al año 2015 -publicada este martes- que los casos de acoso a través de Internet, correo electrónico o redes sociales se duplicaron desde los 527 hasta los 1.105 registros en un solo ejercicio.

"Se trata de acciones dirigidas con frecuencia contra personas especialmente vulnerables y que pueden ocasionar muy graves consecuencias", recoge el Ministerio Público, que alerta de que los expedientes por delitos contra la libertad sexual de niños o adolescentes a través del ordenador o del teléfono móvil crecieron un 35% (hasta los 865). El acoso a menores de 16 años -cometido por adultos o por otros niños en el marco de relaciones personales o escolares- aumentó un 63% (hasta 98 casos).

Aunque la Fiscalía reconoce las mejoras introducidas en la reforma del Código Penal de 2015 para luchar contra estas conductas, el organismo advierte de la generalizacion del sexting (envío de contenidos de tipo sexual producidos por el propio remitente a otras personas mediante dispositivos móviles) y reclama mecanismos que faciliten la recopilación de datos de programas como Whatsapp o Snapchat.

La institución recoge la generalización de una "violencia de género digital" cuyo crecimiento entre los jóvenes se manifestaba en informes anteriores. "Las redes sociales constituyen el principal medio de comunicación entre ellos y este instrumento también es muy útil para controlar, vigilar, presionar o desprestigiar a una persona, aprovechando el anonimato y la gran repercusión que la red tiene", valora el texto.

Las estafas, que continúan siendo el delito más frecuente (18.201 diligencias), la pornografía infantil, cuya incidencia aumentó un 32% (767 diligencias), y los delitos de daños, que subieron un 106% (295 casos), también preocupan al Ministerio Público. En conjunto, los procedimientos iniciados por crímenes telemáticos se incrementaron un 9,9%, al pasar de 20.534 en 2014 a 22.575.

El balance anual dedica un apartado al ámbito familiar. Las agresiones verbales o físicas ejercidas por menores hacia sus padres o sus hermanos alcanzan los 4.753 procedimientos (un 3% más), cifras que el organismo achaca a un modelo educativo "fracasado, carente de pautas de autoridad y de valores definidos". Los fiscales delegados de Madrid, Valladolid, Navarra o Cantabria critican la despenalización de las vejaciones leves, los insultos o las faltas de respeto a agentes de autoridad, que provocan sensación de "impunidad" entre los más jóvenes.

La violencia machista, que el año pasado provocó la muerte de 58 mujeres a manos de sus parejas o ex compañeros sentimentales, registró un alza del 22% en el número de diligencias iniciadas (14.249). La Fiscalía abrió 18 causas por falsa acusación, lo que supone un 0,014% del total de denuncias presentadas, que ascendió a 129.292 (+2%). Ocho de las denunciantes fueron absueltas, ocho continuaban encausadas y los tribunales dictaron condena contra dos más.

En cuanto a los delitos con mayor repercusión pública, el área especial contra la corrupción y la delincuencia organizada recogió 621 denuncias, por encima de las 557 acumuladas un año antes. "No constituye una novedad afirmar, una vez más, el progresivo aumento de su actividad", lamenta el Ministerio Público. Esta situación se tradujo en la apertura de 39 investigaciones (dos más que en 2014) y en la acumulación de 371 procedimientos en curso, frente a los 340 existentes el ejercicio precedente.

En el apartado de la lucha antiterrorista, que compete a la Audiencia Nacional, el radicalismo yihadista ha sustituido a ETA, que aún mantiene una estructura clandestina en Francia y de quien la Fiscalía no espera una disolución rápida, pese a encontrarse en situación de "precariedad económica".

Si en 2014 se duplicaron las investigaciones por extremismo islámico respecto al año anterior, habiéndose alcanzado las 106 diligencias previas, en el 2015 el incremento se ha situado en torno al 69%, al haberse incoado 179 procedimientos. Las pesquisas iniciadas para combatir este fenómeno representan ya el 22% del total de investigaciones.

La Fiscalía también tramitó 97.927 diligencias por delitos de seguridad vial, un 10% menos, lo que se tradujo en un descenso similar de las acusaciones contra particulares (81.529 en total). En conjunto, las condenas bajaron de 92.682 a 83.283 gracias, de acuerdo a la Fiscalía, a la concienciación social.