Díez Revorio propone que consejeros del Gobierno expliquen su patrimonio y limitar mandatos en el Consultivo a 6 años

  • El catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco Javier Díaz Revorio, ha sido el primer compareciente ante la Comisión de Estudio de cara a la próxima reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de la región, cita en la que ha propuesto que los consejeros del Gobierno autonómico comparezcan en sede parlamentaria para explicar su patrimonio y currículum antes de tomar posesión -como ya se hizo al principio de esta legislatura-.

En su intervención ante los grupos parlamentarios, Díaz Revorio, cuya presencia en esta Comisión fue propuesta por el PP, ha explicado durante algo más de una hora otra serie de sugerencias, que en materia de Gobierno pasan por delimitar las competencias atribuidas al Ejecutivo autonómico cuando esté en funciones.

Así, ha detallado que actualmente solo se dice que un Gobierno en funciones no puede presentar un Proyecto de Ley de Presupuestos, algo que habría que ampliar para impedir que un Ejecutivo en esa calidad pueda presentar ningún tipo de Proyecto de Ley.

En cuanto a las incompatibilidades y las declaraciones de bienes, ha reconocido que en Castilla-La Mancha se ha avanzado mucho, pero hay que seguir acentuando los mecanismos para evitar compatibilidades de manera que no se acumulen sueldos.

Sobre las comparecencias de consejeros, ha señalado que es necesario que se presenten ante la Cámara regional antes de tomar posesión, ya que en la actualidad solo existe esa obligación a raíz del Reglamento de las Cortes regionales, pero este órgano no debiera ser quien obligue "a un tercero" a esta cuestión.

MODELO DE CONSEJO CONSULTIVO

En cuanto al Consejo Consultivo que propone, el catedrático ha defendido su existencia y se ha mostrado confiado en que los poderes públicos no lo supriman "como sí se ha hecho con el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social".

En este punto, ha preguntado a los grupos políticos "qué modelo" prefieren, si un Consejo Consultivo que se base en dictaminar la legalidad o no de iniciativas legislativas, como hasta ahora, o si se le quieren encargar estudios concretos y puntuales sobre otro tipo de reformas, como electorales o estatutarias.

"Hasta ahora funciona como órgano de consulta del Gobierno autonómico, de la Administración local y eventualmente de las Cortes, pero sería positivo que también se le encargaran labores de estudio", ha defendido.

Por ejemplo, ha incidido en la idoneidad de que este órgano empiece a pronunciarse con estudios propios ante propuestas de reforma más allá de las legislativas, algo que "nunca se ha hecho" en el caso de las reformas electorales, según ha dicho.

INDEPENDENCIA

Actualmente, se eligen cinco miembros del Consejo Consultivo, dos por parte del Gobierno y tres más por parte de las Cortes regionales. A juicio de Díaz Revorio, una fórmula para conseguir independencia es que se elijan de forma alterna, en mandatos de seis años los miembros elegidos por el Gobierno en primer lugar, y a los tres años los miembros a elección de las Cortes.

Otra garantía de independencia en opinión del catedrático es que estos miembros también tengan que comparecer ante las Cortes para explicar su trayectoria profesional antes de tomar posesión de su cargo.

Díaz Revorio apuesta igualmente por mantener el tratamiento de excelencia para los miembros, y no cierra la puerta a que expresidentes de las Cortes, del TSJCM y del Gobierno regional puedan ser miembros "natos", ya que según sus palabras, serían "muy útiles" en el caso de que se opte por un Consejo Consultivo con funciones de estudio.

Tal y como ha dicho, en estos casos la "experiencia" de estos ex altos cargos sería "muy valiosa", si bien ha recordado que solo dos ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la región han accedido a este cargo por su currículum.

Por último, sobre la remuneración, que a su juicio debería regularse para los miembros del Consejo, ha de optarse bien por un sueldo con dedicación exclusiva, bien pagando dietas por asistencia a plenos pero dejando a los consejeros mantener su actividad profesional.

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