A juicio del PP, ambos "directamente intervinieron" en el proceso de ejecución y gestión de las obras y de la documentación relacionada con los proyectos constructivos, y en particular en relación a las modificaciones a los proyectos ejecutados por el Pacte a lo largo de la legislatura 2007-2011.

Para la formación, existen "graves irregularidades originadas por el Govern de Antich que merecen una explicación definitiva en sede parlamentaria".

En este sentido, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) declaró lesiva una resolución de Carbonero sobre la cuantía máxima que debe abonar el Govern a la empresa concesionaria de la autovía de Sant Antoni (Ibasan) de acuerdo con el tráfico que soporta.

Según el TSJIB, la interpretación realizada por el conseller "desborda totalmente las cuantías de la cláusula 55.5 y permite un incremento del gasto público sobre el precio de adjudicación del 20 por ciento, con el consiguiente aumento de beneficio del concesionario muy por encima del inicialmente pactado del 7 por ciento".

Por otro lado, el PP recuerda que el Tribunal Supremo estimó en una sentencia reciente la existencia de una sobrecoste de 22,2 millones de euros en la construcción de la autovía de Sant Antoni a favor de la concesionaria "derivado de los retrasos provocados por los disturbios para impedir la obra, además de los cambios introducidos en el proyecto y en su ejecución".

Según el portavoz del Grupo Parlamentario en la Comisión de Investigación, Miquel Jerez, las últimas sentencias "determinan claramente una responsabilidad directa del Pacte de Progrés en los sobrecostes relacionados con la gestión de las autovías y todavía nadie ha respondido por ello".

"Se trata de sentencias condenatorias que obligan a la Comunidad Autónoma a pagar una cantidad ingente de dinero más por lo mismo derivadas de decisiones absolutamente irresponsables", asevera.

En este mismo sentido, Jerez ha expresado que los retrasos en el desarrollo de las obras "también han provocado un sobrecoste millonario a la administración sin que nadie haya asumido todavía la obligación de perseguir a los responsables y alborotadores". "Ya va siendo hora de hacer cumplir las sentencias y exigir a los condenados la cuota de castigo que en su caso les corresponda", ha remachado.