Lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Economía, Industria y Empleo del Ejecutivo autonómico, Marta Gastón, quien ha señalado que este decreto pretende ser un "revulsivo" para el sector. Se publica este martes en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Comunidad y este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Gastón ha indicado que este decreto "supone toda una oportunidad en el campo económico", añadiendo que "están por venir" algunas inversiones y ha pronosticado que el sector eólico será "estratégico" en la economía aragonesa. Ha comentado que el Gobierno quiere cumplir las 37 sentencias judiciales que provienen de 47 recursos al decreto aprobado en 2010 y aportar seguridad jurídica, lo que reclama "razonablemente" el sector.

Ha apuntado que aunque el decreto de 2010 contemplaba la instalación de aerogeneradores con una capacidad total de 1.206,5 megawatios, desde 2011 en Aragón solo se ha puesto en marcha una sola instalación de 13,96 megawatios, lo que supone un aprovechamiento del 1,16 por ciento de la potencia total autorizada. Asimismo, ha hecho notar que por cada megawatio instalado se obtiene un millón de euros de riqueza y empleo directo.

Así, el objetivo de la nueva norma es proporcionar un marco jurídico estable para todos los operadores del sector para resolver una situación que había paralizado el desarrollo de la energía eólica en la Comunidad.

La Administración autonómica, mediante la nueva norma, tramitará cualesquier proyecto de parque eólico que se presente y autorizará, todos aquellos que -no generando afección eólica a proyectos anteriores- obtengan permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por parte de sus respectivos operadores, ya sea Red Eléctrica de España u otro.

SECTOR ESTRATÉGICO

El impulso a la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables como la eólica constituye un objetivo fundamental del Gobierno de Aragón. Dado que se trata de un sector estratégico, "resulta indispensable afrontar la situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que se había instaurado como consecuencia de las más de treinta sentencias judiciales dictadas en relación con el decreto 14/2010, de 22 de junio", han señalado desde el Ejecutivo.

La nueva norma identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.

Además, la norma permite a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años. La promoción de todas estas nuevas instalaciones se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el decreto-ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón.

Respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales, podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación. No habrá más límites en Aragón que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para absorber y evacuar la eléctrica generada desde fuentes eólicas, como establece la normativa básica del Estado.