Maeztu constata una "ayuda económica" para una parada a la que "echaban" de su piso junto a sus hijos

  • La Ofician del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha constatado la solución decidida para una mujer parada con dos hijos a su cargo que residía en un piso de la madre de su exmarido y solicitaba respaldo institucional, porque la "echaban del piso" y "no tenía a dónde ir". Según el departamento de Maeztu, a través de los servicios sociales municipales se estaba gestionando su caso mediante una "ayuda económica familiar".

Así, según señala una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz a la que ha tenido acceso Europa Press, esta madre con dos hijos a su cargo tenía que abandonar el domicilio de la madre de su exmarido, en el que veía residiendo pese a estar divorciada, por tener una "relación inexistente" con ella. Asimismo, esta mujer estaba en paro, lo que cual se agravaba con una lesión ocasionada por un accidente laboral que le habría dejado en reposo desde principios de agosto del año pasado.

"No tenía donde ir, había buscado alquileres y no encontraba nada. O pagaba piso y no podía darle de comer a sus hijos o pagaba comida y no pagaba piso", resume la resolución de Maeztu respecto a la situación de esta mujer.

Para solicitar un nuevo domicilio, la interesada se inscribió en la Empresa Municipal de la Vivienda en Sevilla (Emvisesa), así como se presentó en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde le respondieron, según cita textualmente la resolución, que "había muchas personas en su situación".

"AYUDA ECONÓMICA"

Ante esta situación y la queja promovida por la afectada, el Defensor solicitó un informe al Ayuntamiento de Sevilla, donde se remitía que la interesada residía en una vivienda "con régimen de alquiler" desde diciembre de 2015, así como desde los Servicios Sociales se le gestionaba una "ayuda económica en concepto de nuevo alquiler por una cuantía de 1.350 euros".

De esta forma, se indicó que estaba siendo atendida por el Centro de Servicios Sociales correspondientes con "una intervención abierta", donde se habría propuesto una "ayuda económica familiar periódica", por lo que "se habría procedido conforme al protocolo de actuación previsto".

Así, el Defensor del Pueblo Andaluz ha considerado que el asunto por el que la interesada se había dirigido a esta institución, se encontraba "solucionado", de modo que se ha dado por concluidas estas actuaciones, traspasando las competencias de este asunto a los Servicios Sociales.

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