Una acusación que diecen se demuestra con la publicación en el BOPA del acuerdo de 13 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el acuerdo de la mesa sectorial de negociación de personal docente sobre el establecimiento de un sistema de reserva de plazas de aspirantes a interinidad para el personal docente con discapacidad y con la publicación de los listados definitivos de interinidad que incumplen la normativa autonómica y vulneran la Constitución.

la asociación recuerda que a tenor del contenido de las resoluciones judiciales se exigía directamente un cambio de criterio al confirmarse la nulidad de las estipulaciones de los Acuerdos suscritos relativos al actual procedimiento de integración y promoción de los aspirantes interinos con alguna discapacidad reconocida, en la medida que no recogen adecuadamente la adecuación de los procedimientos específicos al colectivo.

"Carece de toda lógica la postura mantenida desde Educación hacia los interinos discapacitados al negarse a aplicar las resoluciones judiciales cercenando los derechos constitucionales", indica la organización.