El Gobierno flexibilizará los requisitos exigidos a los propietarios para recibir los 6.000 euros de ayuda a fondo perdido por poner sus viviendas en el mercado de alquiler, según anunció ayer la ministra de Vivienda, Carme Chacón.

Estas ayudas, destinadas a compensar impagos o por desperfectos, se dan ahora a propietarios de viviendas libres con una superficie útil máxima de 120 m2 y que las alquilen al menos durante cinco años. Además, la renta percibida por el alquiler no puede exceder más del 5,5% del precio legal de referencia, es decir, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el Iprem anual es de 5.999,40 euros).

El plan del Ministerio de Vivienda para fomentar el alquiler entre los jóvenes también irá acompañado de medidas de agilización de los procedimientos para desahuciar a los inquilinos que no paguen a los arrendatarios.

Contra los morosos

El departamento de Carme Chacón trabaja junto con el Ministerio de Justicia para reducir el tiempo de espera para desahuciar a un moroso. Estas iniciativas, que se presentarán mañana en el Consejo de Ministros, pretenden dar mayor seguridad a los propietarios para que pongan sus pisos en el alquiler.

El anterior Ejecutivo ya intentó agilizar los desahucios en 2003 con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que incluía la creación de las "oficinas de señalamiento inmediato", encargadas de tramitar ante los juzgados las denuncias de los dueños de pisos en alquiler. Además , se encargan de poner una fecha de juicio antes de 20 días. El procedimiento de desahucio no debería durar así más de tres meses. Sin embargo, el proceso se extiende, con suerte, a cuatro o cinco meses, según los expertos.

En su primer año en vigor (2004), el número de sentencias sobre arrendamientos urbanos fue de 26.000, frente a las 22.500 del 2003, según datos del INE. Desde entonces quedaron estancadas.

El problema se encuentra en la imposibilidad de agilizar la tramitación de estos desahucios por la falta de medios materiales y humanos de estas oficinas, según indica Javier Íscar de Hoyos, secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade).

Dos malas experiencias

Carlos Benito. Ex arrendador, 65 años. "Sólo recuperé 408 euros de la deuda"

"Tuve problemas con dos inquilinos a los que alquilé un local comercial. Los dos dejaron de pagarme en un momento dado. La primera denuncia la interpuse en 1996 y el juez falló a mi favor en el año 2000. El inquilino fue declarado en rebeldía procesal y de los 5.500 euros que me dejó a deber sólo he conseguido recuperar 408. Volví a alquilar un local en 2001 y al poco tuve que denunciar al nuevo inquilino porque me dejó de pagar. Esta vez el juicio salió antes y el juez falló de nuevo a mi favor, en marzo de 2002. Por el momento la deuda asciende a 7.700 euros con los intereses. Aunque también han declarado en rebeldía a este inquilino, en este caso tengo más esperanzas de cobrar. Al parecer, tiene cuentas bancarias que se podrían embargar. Después de mi experiencia, decidí vender mis dos locales. No sé qué hará el Gobierno ahora, pero al ministro de Justicia le diría que no entiendo por qué a un trabajador que falta de su puesto un mes sin justificar se le puede despedir sin indemnización y a un moroso que deja de pagar hay que esperar varios meses para poder echarle de mi casa".