Según constan en el escrito de la Fiscalía, consultado por Europa Press, el ex primer edil suscribió un total de 13 contratos con una mercantil por importe de casi 925.000 euros tras emitir una serie de resoluciones y providencias a tal efecto, si bien "actuó a sabiendas de su ilegalidad y de ser actos contrarios a derecho", según el Ministerio Público.

El escrito señala que el entonces regidor había sido advertido de esta cuestión por el secretario-interventor del Ayuntamiento, quien "puso reparos" a esos acuerdos "bien por no utilizar el acusado el procedimiento adecuado" o "por la falta de fondos para hacer frente al gasto comprometido", lo que fue contestado mediante edictos por Llamas "bajo el argumento de haberse comprometido ya el pago de la factura" o "sin alegar nada".

Entre los contratos encargados se encontraba la redacción del PGOU y estudio de impacto ambiental o la adaptación parcial de las normas subsidiarias de Cantoria a la LOUA, así como la revisión parcial del suelo industrial, la redacción de varios convenios y la redacción final de los estudios hidrológico y eléctrico, entre otras cuestiones.

El fiscal advierte que entre las "irregularidades" contempladas está la carencia de un informe técnico en el que se recoga la "necesidad e idoneidad" de la suscripción del contrato de servicios para modificar la norma urbanística, lo que "se tradujo posteriormente en que casi todos esos contratos hayan resultado inocuos y que no hayan servido para conseguir el fin pretendido", con lo que se ha producido "un gasto innecesario" para el Ayuntamiento.

También recoge el Ministerio Público en su escrito provisional que aunque se emplea un procedimiento de urgencia y negociado sin publicidad para los contratos, "no existe en ninguno de los expedientes resolución administrativa que en forma motive por qué se utiliza esta vía extraordinaria".

De la misma manera, la Fiscalía apunta a contratos suscritos sin tramitar expediente alguno o sin consignación presupuestaria. La vista tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería.

Cabe recordar que Llamas dimitió en junio de 2013 de su cargo tras haber sido condenado por falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos a 23 meses de inhabilitación para cargo o empleo público.

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